Faltan recursos para las personas sin hogar
Quien piense que la pobreza de solemnidad es cosa de otras latitudes, se equivoca. La UE define como familias o personas pobres a las que sobreviven con menos del 60% de la renta media per capita de su país. En España esta situación afecta a casi el 20% de los hogares (8,5 millones de personas). Pero incluso dentro de la pobreza hay clases o “intensidades”. Según Cáritas, más medio millón de personas viven sumidas en la ‘pobreza extrema’: disponen del 15% o menos de la “renta media básica”, salario mínimo de subsistencia que las instituciones conceden a quienes no pueden hacer frente a sus necesidades básicas. Aún peor es la situación de cerca de 30.000 personas, según Cáritas, que malviven entre la calle y los centros de asistencia de cada municipio.
Se estima que más de la mitad de las prestaciones básicas de los servicios sociales están financiadas por los Ayuntamientos, que les dedican entre un 6% y un 10% de sus presupuestos anuales. La Ley 7/85 establece la obligación de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de conceder estas prestaciones sociales.
En España estas políticas sociales no están enfocadas hacia la prevención e inserción social, sino a lo asistencial, a través de actuaciones dirigidas a colectivos concretos. Además, la escasez de recursos económicos destinados a paliar las consecuencias de la pobreza impide la continuidad necesaria en gran parte de las actuaciones. Prueba de ello es que en España el gasto en protección social representaba en 2003 el 20% del PIB, uno de los más bajos de Europa (en Suecia, Francia, Alemania y Dinamarca alcanza el 30%). Y esto, a pesar de que en pobreza superamos la media europea.
Aunque hay colectivos (personas mayores, mujeres, desempleados, familias…) con graves necesidades, esta revista ha puesto su mirada en las prestaciones y servicios facilitados por los Ayuntamientos a las personas socialmente excluidas (pobres, transeúntes y marginados sin hogar, inmigrantes, etc.), una minoría que recibe apenas el 1% del total del gasto en prestaciones sociales. CONSUMER EROSKI ha estudiado las actuaciones e iniciativas de política social en 16 ciudades: A Coruña, Barcelona, Bilbao, Burgos, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
Llama la atención la gran diversidad y heterogeneidad de los servicios sociales ofrecidos por los Ayuntamientos, lo que dificulta la comparación y arroja algunos datos sorprendentes. El tamaño y número de habitantes de una ciudad, por ejemplo, parecen no ser determinantes para explicar las diferencias en las prestaciones entre unas ciudades y otras. En los albergues concertados de Valencia, por ejemplo, hay cerca del doble de camas disponibles en Madrid y Barcelona. En Córdoba hay sólo cinco plazas más que en Burgos, a pesar de que la primera ciudad prácticamente dobla a la segunda en habitantes. Los presupuestos dedicados a Asuntos Sociales también deparan diferencias. En Vitoria, el Departamento de Intervención Social gestionó el año pasado 34 millones de euros, muy lejos de los 9 millones de Bienestar Social de Málaga, una ciudad con el doble de población. Y en Barcelona el presupuesto de la Dirección de Servicios de Bienestar Social ascendía en 2004 a poco más de 21 millones de euros, muy por debajo de los 29 millones del Área de Acción Social del ayuntamiento de Bilbao, con casi cinco veces menos población. No obstante hay que decir que en Barcelona el Plan Municipal para la Inclusión Social en 2005 cuenta con una dotación de casi 56 millones de euros.
Pura subsistencia
Las prestaciones que reciben estos colectivos están encaminadas a garantizar su subsistencia: los servicios de información, manutención, primera acogida, alojamiento e higiene están mucho más extendidos que los de reinserción laboral o social, los educativos o formativos, o los de atención psicológica y sanitaria. Según los expertos, este carácter tan asistencialista lo determina la escasez de recursos económicos dedicados a esta labor. Gran parte de estos servicios sociales están convenidos o son proporcionados por ONG como Cáritas y Cruz Roja, que reciben subvenciones de las administraciones públicas para desarrollar esta tarea; sin embargo, la escasez de estos recursos económicos hace que muchas de ellas tengan que valerse de su voluntariado.
Albergues municipales
De los más de 600 centros que según el INE hay en España para atender a personas sin hogar y tres de cada cuatro son privados, están gestionados en su mayoría por entidades religiosas; el gasto anual de todos ellos representa 118 millones de euros. En casi todos los municipios, estos albergues son privados, pero están concertados entre el ayuntamiento y asociaciones sin ánimo de lucro. Madrid dispone de un albergue municipal con 254 plazas y de un centro de baja exigencia -se puede pernoctar sin requerimientos especiales- y otros equipamientos para las noches de invierno, mientras que el de Barcelona tiene 237 plazas, el de Zaragoza 176 camas, el de Murcia 147, el de Vitoria 115 y el de Málaga cien plazas.
El resto de ciudades ofrecen menos de un centenar de plazas pero casi todas disponen de otros centros o instalaciones (por ejemplo, de acogida invernal en San Sebastián, Madrid, Barcelona y Bilbao). Otras cuentan con plazas o camas concertadas en alojamientos de privados gestionados por ONG, y las hay también que gestionan (y pagan) plazas en pensiones u hoteles.
Casi todos los albergues permanecen abiertos todos los días del año durante 24 horas al día y facilitan algunos servicios y prestaciones comunes: aparte del alojamiento, disponen de servicios de comedor, aseos y duchas, ropero y lavandería, consigna y recibo de correspondencia. Son menos comunes servicios y prestaciones sanitarias, atención psicológica, salas multiuso o de ocio, guarderías, peluquería, bibliotecas o asistencia jurídica.
Las pernoctaciones pueden estar limitadas temporalmente, normalmente entre tres días y una semana para cada usuario. En Barcelona, Granada, Málaga, Oviedo y Pamplona no hay límite en el número de días de uso de estos albergues, pero en Burgos no se pueden superar los dos días cada tres meses (salvo personas en situación de larga estancia, a las que se permite el uso indefinido), en Zaragoza seis días cada tres meses, en Córdoba siete días, en San Sebastián tres días y en Vitoria tres días, aunque la estancia puede ser indefinida en algunos casos. Aunque se fijen límites para las estancias, se pueden prorrogar por motivos de salud, trabajo, etc., en función los informes remitidos por los servicios sociales de cada ayuntamiento.
Algunos albergues exigen que los usuarios cumplan requisitos: ser mayor de 18 años (los menores, acompañados por padres o tutor), que tenga documentos de identificación (en Pamplona se aconseja el empadronamiento), que carezca de recursos económicos y que, además de respetar la normas de funcionamiento del centro, no sea consumidora de alcohol o drogas ni muestre carácter violento. En otros casos se exige que la persona se pueda valer por sí misma (San Sebastián, Granada y Valencia) o que se comprometa a un plan de trabajo (Barcelona). En Valencia los albergues se utilizan sólo en emergencias (inundaciones, derrumbes), aunque el Ayuntamiento tiene plazas concertadas en alojamientos de asociaciones privadas.
Comedores sociales
En nuestro país hay entre 20.000 y 24.000 plazas de comedor para personas con pocos recursos económicos. Sus usuarios no son sólo personas excluidas de la sociedad, las hay que tienen vivienda pero pasan por graves problemas económicos y han de acudir a ellos. La mayoría de estos comedores son atendidos por asociaciones benéficas, ONG y fundaciones y reciben ayudas públicas para su gestión: subvenciones, convenios, conciertos.
Valencia dispone de siete comedores sociales (cuatro municipales y tres privados), Barcelona de seis (tres de cada tipo), Pamplona y Granada de tres (todos, concertados en estas dos ciudades) y Málaga, A Coruña y Zaragoza de dos. Vitoria, San Sebastián, Valladolid, Córdoba y Oviedo cuentan con un solo comedor. Plazas disponibles: Barcelona dispone de más de 750 en sus seis comedores (municipales y concertados), y Valencia y Granada de 400 plazas. Málaga y Oviedo tienen cerca de 200 plazas y el resto de las ciudades que dieron datos ofrecen entre 50 y 160 plazas.
La mayoría de estos comedores son gratuitos. No lo son en Vitoria (la comida cuesta 4 euros y la cena 3 euros, aunque siete de cada diez usuarios disfrutan de bonos del ayuntamiento para comer gratis), ni en Valencia y A Coruña (tres euros por comida) ni en Oviedo, si bien en la capital asturiana el precio es simbólico: apenas 0,50 euros por servicio, aunque no es imprescindible pagar para acceder al comedor.
Los servicios que se ofrecen también son diferentes entre las ciudades. En los comedores de A Coruña, Barcelona, Córdoba y Valencia sólo se sirve la comida, en los de Vitoria, Valladolid, Murcia y Oviedo se ofrecen comida y cena, y los más completos son los de Bilbao, Burgos, Málaga y San Sebastián: sirven desayuno, comida y cena. En Burgos, en el comedor social concertado con Cáritas, se sirve incluso la merienda. En Pamplona se dispensan desayuno y comida, y en Granada dos de comedores sirven sólo comidas y el otro, comida y cena.
En los comedores sociales de Barcelona, Vitoria, Burgos, Málaga y Valencia los usuarios pueden elegir menú (los hay específicos para personas de diferentes culturas y para las quienes siguen dieta por prescripción médica). En los de A Coruña, Barcelona, Málaga, Oviedo, Córdoba, Burgos y Vitoria se sirven menús especiales los días de Navidad, fiestas tradicionales y ferias de la localidad. En la mayoría de ciudades no se pide ningún requisito para beneficiarse del comedor social, pero en Barcelona se exige seguir un plan de trabajo consensuado con el Departamento de Servicios Sociales y en Málaga no se puede acudir durante más de 15 días consecutivos.
Los comedores de Barcelona, Burgos, Córdoba, Málaga y San Sebastián abren todos los días del año, los de Pamplona cierran en las fiestas patronales, los de A Coruña el 25 de diciembre y el 1 de enero y el de Vitoria y el comedor social privado de Málaga en agosto. Para paliar éste déficit asistencial se adoptan medidas: en Vitoria y Pamplona se facilitan vales para comer en alguna cafetería o restaurante, y en Córdoba y Murcia se reparten diariamente bocadillos y bolsas de comida fría a quienes se quedan sin plaza en los comedores cuando éstos se llenan.
Talleres de inserción
El objetivo de la mayoría de estos proyectos y programas es favorecer la inclusión social y laboral de las personas marginadas o excluidas. Suelen consistir en cursos, talleres, programas, etc. que tratan de facilitar la reinserción en la sociedad y el mercado de trabajo de las personas socialmente excluidas. Muchas de estas iniciativas se organizan con instituciones y ONG. Entre las materias que se imparten en los cursos y talleres destacan las técnicas de búsqueda de empleo, de orientación laboral, ocupacionales, de formación profesional específica (cocina, habilidades manuales, soldadura, etc.), los talleres educativos (idiomas para inmigrantes, alfabetización), los talleres de mejora de la autoestima o los de orientación para el autoempleo. Son muy pocos los Ayuntamientos que disponen de cifras que revelen el número de personas excluidas que se reinsertan laboral o socialmente tras acudir a estos talleres y programas de inserción.
También en ayudas económicas directas la variedad de iniciativas y programas dificulta la comparación. Algunos municipios reparten ayudas como las rentas mínimas de inserción social y las ayudas económicas de urgencia. Cada una de las normativas autonómicas que las regula las denomina de una forma (renta mínima de inserción, salario social, ingreso mínimo de solidaridad, ingreso mínimo de inserción, renta básica…), aunque todas coinciden en señalar que su finalidad es garantizar unos ingresos mínimos de subsistencia a las unidades familiares ante situaciones de necesidad o carencia de recursos y patrimonio, siempre que no puedan ser cubiertas por otras prestaciones como la Seguridad Social o las de desempleo. Para concederlas, se exige el empadronamiento y residencia previa en la comunidad autónoma, de como mínimo un año, además de una edad mínima (normalmente, a partir de 25 años y hasta 65 años). Además, se fijan baremos y criterios para acceder a estas ayudas.
También se dan subvenciones a asociaciones y ONG, que realizan tareas de acción social en cada municipio. Casi todos los municipios destacan que colaboran con asociaciones privadas que reciben ayudas (sobre todo económicas, aunque también materiales como la cesión de espacios) para las tareas de acción social que realizan. Cada ayuntamiento colabora con distintas asociaciones, aunque la mayoría cita a Cáritas, Cruz Roja, diversas asociaciones de ayuda al colectivo gitano, fundaciones y congregaciones religiosas.
Otros equipamientos y servicios
- Duchas y servicios de higiene. En la mayoría de las ciudades este servicio se encuentra disponible en albergues o alojamientos sociales, aunque son de acceso público y las puede utilizar cualquier persona que lo solicite, esté alojado o no. A menudo, también ofrecen servicio de lavandería y cambio diario de ropa.
- Centros de estancia diurna. En Barcelona, Pamplona, Burgos, Granada, Córdoba, A Coruña, Vitoria y Valencia disponen de centros de estancia diurna para personas sin hogar. Su función es la de favorecer la inclusión y las relaciones sociales de las personas marginadas. En muchos centros se realizan actividades abiertas, talleres o salidas y disponen de estancias para facilitar la permanencia de las personas en el centro (salas de televisión, de lectura, de juegos o de ocio).
- Pisos tutelados o de emergencia social. Su objetivo es facilitar la inserción social de familias. A menudo cuentan con apoyo socioeducativo, y sirven para que las personas sin recursos dispongan de una vivienda digna.
- Centros de baja exigencia. Son alojamientos para transeúntes o con graves problemas de marginación. En estos centros es posible pernoctar sin necesidad de requerimientos especiales (trámites burocráticos, requerimientos de identificación…), aunque deben cumplir la normativa del centro. Están especialmente destinados a personas que viven en la calle de manera más o menos permanente. Además del alojamiento, suelen contar con atención médica, ropa, servicio de higiene y alimentación.
- Albergues de Invierno. Ofrecen alojamiento nocturno y atención los días más fríos del año. También disponen de otros servicios y prestaciones, como la cena y desayuno, bebidas calientes, aseo personal…
- Centros de información y orientación. Se trata de la primera puerta a la que acuden las personas que necesitan asistencia de los servicios sociales en la mayoría de las ciudades. En ellos informan y asesoran sobre los recursos sociales disponibles. También se encargan de la gestión y tramitación de ayudas y del diseño de proyectos para la inserción social.
El perfil de los sin techo...
En España hay más de ocho millones y medio de pobres. Sin embargo, se dan diferentes “intensidades” de pobreza. La peor situación la sufren las 30.000 personas que, según Cáritas, están sumidas en la pobreza más extrema: los marginados sin hogar. Aunque los sin techo son, en nuestro país, un grupo más numeroso si en él se incluyen, como se hace en otros países europeos, a quienes viven en chabolas o infraviviendas: en ese caso, habría 3 millones de personas dentro de este grupo de la pobreza extrema.
El perfil mayoritario de estas personas extremadamente pobres corresponde a un hombre de 40 a 50 años que vive de la mendicidad, padece adicciones, carece de ingresos y acostumbra dormir en la calle. La inmensa mayoría están en el paro y nunca ha cotizado a la seguridad social, por lo que carece de prestaciones por desempleo. Destaca su precario estado de salud: a menudo sufre depresiones, enfermedades mentales y adicciones. En este grupo de población son más frecuentes el analfabetismo, las toxicomanías, la delincuencia y todo tipo de problemas.
De todos modos, ese perfil está comenzado a cambiar. Según Caritas, las mujeres representan entre el 15% y el 20% de este colectivo, y los jóvenes alrededor del 25%. Respecto a estos últimos, la mayoría son hijos de drogodependientes o alcohólicos, sufrieron malos tratos en su niñez o tuvieron que abandonar su hogar en la adolescencia. También es cada vez más frecuente la presencia de trabajadores inmigrantes jóvenes. Y aunque predominan las personas solteras, aumenta el numero de separados y divorciados.