Abogados 24 horas

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Sólo se echa mano de ellos cuando surgen problemas, pero lo cierto es que los conflictos que precisan la ayuda de un abogado o de un servicio de asesoramiento legal aparecen con cierta frecuencia. Conscientes de que la necesidad de asesoría legal doméstica es cada vez más demandada por una sociedad con poco tiempo para los detalles jurídicos y legales, son muchas las empresas que se han creado en los últimos años para ofrecer asesoramiento legal a familias, sin límite y por un módico precio fijo al año.

El cliente sólo dispone de defensa jurídica y laboral si paga un sobrecoste

Sus servicios se publicitan como una alternativa a la gravosa contratación de un abogado. No obstante, conviene estudiar con detalle sus prestaciones. Una lectura atenta de los contratos y el conocimiento de cuáles son los temas en los que se necesitará ayuda legal son pasos imprescindibles para no sentirse defraudado en la contratación de uno de estos servicios. Además, no hay que confundir un paquete de asistencia legal con un seguro de defensa jurídica, mucho más completo y, también, más caro.

Cuidado con los servicios no incluidos

Por lo general, los nuevos productos de asesoramiento legal para la familia están enfocado en su mayor parte hacia la atención de consultas por poco dinero. Suelen ser útiles para orientar a las personas en temas legales relacionados con problemas en el trabajo, la vivienda, la comunidad de vecinos… No obstante, lo primero que hay que tener en cuenta es que estas tarifas planas no implican tener un abogado a disposición del cliente ante cada conflicto que se le presente. Si lo que se requieren son servicios más personalizados, como redacción de cartas de reclamación, contratos u otro tipo de documentos legales, las exclusiones son numerosas. Por ello conviene tener en cuenta varios aspectos:

• Sin límite de consultas. Éste es uno de los aspectos más positivos. Las familias pueden consultar sus dudas tantas veces como lo deseen. No obstante, en ocasiones, la información que recibirán será de carácter general y no específico de su caso concreto.
• Asistencia legal, sólo extrajudicial. Estos contratos no suelen incluir los gastos que origina un juicio. En caso de llegar a tal extremo, la póliza no cubrirá ni siquiera el servicio del abogado, que habrá que pagar aparte.
• Defensa laboral y jurídica, con sobrecoste. Todas las compañías dicen ofrecer defensa laboral y jurídica en los paquetes de asesoramiento legal, aunque en realidad únicamente lo ofrecen si el cliente paga una sobreprima.
• Temas estrella. Los temas estrella que suelen incluir son los referidos a problemas de la vivienda, como conflictos con la comunidad de vecinos o con algún otro propietario en particular, y relacionados con el ámbito laboral.
• Vecinos y obras. Este tipo de contratos cubre la reclamación a vecinos por infracción de normas legales relativas a emanaciones de humos o gases, higiene, ruidos persistentes y actividades molestas, nocivas o peligrosas. Las pólizas también cubren la reclamación por incumplimiento de contratos de servicios de obras, reparación, conservación o mantenimiento de la vivienda y de sus instalaciones, siempre que el pago de tales servicios haya corrido a cargo íntegramente del cliente.
• Inquilinos. Este tipo de contratos de asesoramiento legal cubre la defensa y reclamación de sus intereses en conflictos derivados del contrato de alquiler. No obstante, en este caso tampoco quedan cubiertos los juicios de desahucio por falta de pago.
• Infracciones administrativas. Otro apartado que suelen abarcar estos servicios es la defensa del asegurado en infracciones administrativas, lo que incluye la defensa del cliente ante las sanciones que se le impongan como particulares por presuntas infracciones administrativas. En este caso, las prestaciones de la póliza suelen consistir en la redacción y presentación de los escritos de descargo y recursos que procedan en vía administrativa. No obstante, las compañías no corren a cargo de la defensa que implica la vía contencioso-administrativa.

Diferencias con las pólizas de defensa jurídica

Otro aspecto que conviene tener en cuenta es diferenciar bien estos paquetes de asistencia legal con los tradicionales seguros de defensa jurídica, que se pueden contratar de forma independiente en el mercado, aunque en ocasiones vienen asociados a la suscripción de un seguro de hogar o del coche. A diferencia de los servicios de asistencia legal, estos productos se someten a la ley del contrato de seguro y sí que afrontan el pago de las costas de un juicio.

Sin embargo, conviene leer bien la letra pequeña de la póliza, en especial, en aspectos como la carencia (periodo tras la firma en la que el usuario no puede utilizar los servicios) o la cobertura de la unidad familiar. También es recomendable conocer bien los límites pactados y las cantidades que se cubrirán, que en ocasiones pueden resultar insuficientes.

Precios

La diferencia entre los dos tipos de productos implica, también, una distinción en precios. Los servicios de asistencia legal van, de media, desde los 30 a los 100 euros al año. Incluyen asistencia legal informativa: resuelven dudas y pueden redactar algún tipo de escrito o reclamación, pero está excluida la asistencia en juicio y los gastos que acarrea.

Las pólizas de defensa jurídica se encuentran desde unos 300 euros al año. En función de los límites que cubran de gastos de abogados, procuradores, peritos… la prima se puede incrementar. El precio es, por tanto, orientativo, ya que las aseguradoras hacen pólizas personalizadas en función de las necesidades de los clientes. En ocasiones, estos seguros suelen traer asociado un servicio de asistencia legal telefónica que permite al cliente hacer todas las consultas legales que desee.