El paisaje tiene su propia ley

El paisaje tiene su propia ley

El paisaje, además de un placer para los sentidos, es un bien medioambiental que se debe preservar y conservar. Ése es el objetivo que inspira el Convenio Europeo del Paisaje que España está a punto de ratificar. Representa la primera herramienta a nivel europeo para proteger y restaurar un bien común al que apenas se ha prestado atención. Es un paso importante para un país como el nuestro, que hasta la fecha carecía de herramientas legales sobre este campo.

Todo es paisaje

Los territorios considerados como paisaje son todos los que forman el entorno en el que vive la sociedad. Engloba espacios terrestres, aguas interiores y marítimas, territorios protegidos, los más cotidianos y aquellos que se han degradado. Precisamente, estos espacios que han sufrido o sufren los efectos de la acción humana, lejos de pasar inadvertidos, son los más importantes.

Si se primara únicamente la función de protección, sólo se preservarían entornos muy privilegiados, como parques y reservas naturales, y todo lo que se ha malogrado ni se recuperaría ni se protegería. Por ello adquiere especial relevancia la asunción de que el paisaje está constituido no sólo por los elementos naturales, sino también culturales, como las construcciones, los monumentos o los cultivos.

La aplicación de este convenio implica no sólo la conservación de zonas rurales o de construcciones tradicionales, como el saneamiento y descontaminación de rieras y ríos, sino el cuidado ambiental de núcleos urbanos y la construcción armoniosa con el entorno histórico y natural. Otra de las cuestiones más importantes es la gestión ambiental, ya que no se pueden preservar los paisajes si no se tiene en cuenta la descontaminación o la conservación de la biodiversidad.

Paisajes en peligro

En estos momentos los paisajes españoles corren un grave riesgo, según un informe de la Universidad de Sevilla, integrado en un documento de la Unión Europea en el que se describen las políticas del paisaje de diferentes países comunitarios. Una de las principales causas es el rápido crecimiento de la economía española en las últimas décadas, que ha acelerado el consumo de los recursos naturales y del suelo. A ello se suma el hecho de ser uno de los principales receptores de turismo en Europa y los efectos del clima propio de un país mediterráneo, que propicia ecosistemas y paisajes muy frágiles.

Más allá de la construcción de edificaciones en las costas españolas, uno de los daños más importantes que se han producido en los últimos años es el caótico crecimiento urbanístico a raíz del boom inmobiliario. Este proceso ha acelerado la proliferación y dispersión de urbanizaciones que no sólo “roban” mucho territorio, sino que además incrementan el gasto en recursos naturales y aumentan la contaminación con mayores desplazamientos en automóvil, puesto que se sitúan a kilómetros de los núcleos urbanos y sus servicios.

Además de la falta de herramientas legales para proteger el entorno, la independencia con la que la mayoría de los consistorios españoles ha actuado en materia de urbanismo no ha contribuido en nada al bienestar del paisaje. Es ahora cuando comienzan a desarrollarse las primeras experiencias conjuntas entre diferentes organismos institucionales, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, donde cada ayuntamiento decidía con mayor o menor fortuna la construcción de polígonos industriales, urbanizaciones… Por otro lado, en los últimos meses se han dado casos especialmente graves de urbanizaciones en zonas de alto valor ambiental, como las planificadas en Navas del Marqués en la provincia de Ávila, o en Soria.

Uno de los objetivos del Convenio Europeo es que la gestión del paisaje no recaiga sobre unas solas manos. Para ello, prevé establecer procedimientos para la participación del público, de diferentes administraciones y agentes sociales. Además, exige que la gestión del paisaje se integre en las políticas de ordenación del territorio, de urbanismo y en las políticas cultural, medioambiental y otras que puedan afectarle.

Experiencias previas

Países como Suiza, Alemania o Francia ya disponen de sus propias leyes del paisaje. En el caso alemán, se trata de una norma federal que une la gestión del paisaje con la conservación de la naturaleza. Francia cuenta con una ley dedicada exclusivamente al paisaje, aprobada en 1993, donde el paisaje aparece integrado en todas las normativas del patrimonio histórico y natural. La ley francesa ya protege los paisajes ordinarios en los que se mueven los ciudadanos, desde la conservación de los entornos naturales hasta la estética de los núcleos urbanos, gestionando sus entradas y salidas, no permitiendo que se edifique en cualquier parte ni de cualquier forma o impidiendo, por ejemplo, que las granjas desaparezcan sitiadas por una urbanización creciente en su entorno.

En España, comunidades como Valencia o Cataluña también tienen sus leyes específicas del paisaje. En el caso de Cataluña se están elaborando en la actualidad los denominados catálogos de paisajes, una de las obligaciones que marca el Convenio Europeo, en el que se inspira la ley catalana.

Se trata de identificar, analizar y caracterizar los paisajes propios de cada país y zona. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente ha diseñado el Atlas de los Paisajes de España, que puede servir de marco para otros estudios del paisaje a escala regional y local.

El papel del ciudadano

“La solución a la preservación del paisaje llegará si la sociedad pide a los ayuntamientos que en los planes de urbanismo se materialice una sensibilidad por el entorno”, defienden desde el Observatori del Paisatge, consorcio público catalán creado a raíz de la ley del paisaje. Los ciudadanos también pueden participar impulsando iniciativas más locales, como las cartas de paisaje, que pueden estar promovidas por diferentes asociaciones. Con este nombre se identifica una declaración de buenas prácticas por la que se establece un acuerdo entre agentes de un territorio determinado para mejorar el paisaje.

La conciencia ciudadana crece de manera constante por medio de actuaciones como la elaboración de un Código específico sobre el paisaje. Representa un buen punto de partida porque, de hecho, el Convenio Europeo del Paisaje pide a los países firmantes que la sociedad y el público en general participe en la gestión de este bien común.