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Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.

La factura de la electricidad y el gas: Año y medio después, la liberalización no ha abaratado los precios

La posibilidad de ahorro apenas existe, la información sobre las ofertas es deficiente y la comparación resulta difícil

  A pesar de que ha transcurrido más de año y medio desde que la liberalización del sector energético se produjo en nuestro país, sólo el 2% de los hogares han hecho uso de esta nueva posibilidad de elección y cambiado de proveedor de electricidad; y únicamente lo han hecho el 12% de los clientes domésticos y comerciales de gas natural. Además, el 82% de quienes han cambiado de proveedor de electricidad han contratado el servicio a una comercializadora que pertenece al grupo empresarial de su anterior distribuidor; y esta proporción en el mercado del gas es aún mayor: el 90%.

La liberalización del mercado de la energía no ha interesado a los usuarios porque los precios no han bajado

Muy poco han cambiado las cosas para el usuario, cabría deducir. Estos datos, oficiales y proporcionados por la Comisión Nacional de Energía, demuestran que la medida que pretendía introducir la competencia en el sector energético, y, con ella, sus positivas repercusiones (ampliar la posibilidad de elección del consumidor y abaratar los precios), no ha interesado a los ciudadanos. De todos modos, algo peculiar ocurre con la energía en nuestro país: en la telefonía (que se liberalizó en 1999) el 41% de los clientes ha cambiado de operador en los dos últimos dos años. Y si dirigimos la vista hacia otros servicios, en ese mismo periodo el 34% de los usuarios han cambiado de entidad bancaria y el 30% lo ha hecho con el seguro de automóvil.

El principal motivo de este desinterés hacia el cambio es evidente: la ventaja económica que podría suponer el cambio de proveedor de electricidad y gas es insuficiente para compensar la incomodidad que (equivocadamente) se supone entrañarían las gestiones a realizar y la incertidumbre (comprensible, pero carente de motivo) ante la calidad y continuidad del servicio que podría prestar el nuevo proveedor. En el supuesto de consumo establecido por CONSUMER, cercano al de un hogar medio (1.400 kwh de consumo en gas y 450 kwh en electricidad, ambos al bimestre), el ahorro conjunto máximo (eligiendo la más barata de las ofertas del mercado, en este caso, Unión Fenosa Comercial) equivaldría a 26 euros al año, y sería así sólo si se contrataran conjuntamente los dos servicios y en el caso de que el distribuidor que tenía antes el usuario cobrara (que no siempre lo hacen) por la revisión obligatoria que cada cuatro años debe hacerse a las instalaciones de gas y en cantidad equivalente a lo que cobra Unión Fenosa: 43 euros.

Aunque la calidad del servicio en el mercado liberalizado siga siendo la misma que en el regulado, en el mercado libre aumenta la responsabilidad del consumidor, que se enfrenta a contratos redactados por las comercializadoras no controlados por la Administración (antes si lo estaban). Y si la comercializadora no lo hiciera, el usuario sería también responsable, junto a aquella, de pagar al distribuidor por el uso de las redes. Y, en caso de impago, en varias comercializadoras, el usuario ve reducido el plazo para hacer frente a sus facturas antes de que el corte de suministro se produzca.

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