¿Son necesarias las incineradoras?
El tratamiento y eliminación de las basuras domésticas, o Residuos Sólidos Urbanos (RSU), es uno de los problemas medioambientales más controvertidos de estos últimos años. Se sabe que en una ciudad cada habitante produce al día más de un kilo de residuos, cantidad que, además, crece sin que nada lo evite: en los últimos diez años, los países europeos han aumentado el volumen de residuos “per cápita” en más de un 60%.
Hasta hace pocas décadas, el procedimiento fundamental para dar solución a las basuras era acumularlas en vertederos. Pero la falta de espacio en las grandes urbes y los problemas de contaminación que causaban propiciaron en los últimos años la urgente búsqueda de alternativas. Así, la incineración se ha convertido en el sistema de tratamiento de basuras con mayor aceptación en Europa, pero nuestro país es uno de los estados miembros de la UE con menor implantación de incineradoras: sólo funcionan 12 incineradoras, todas ellas de titularidad municipal, y únicamente hay dos proyectos de nuevas plantas de incineración si bien varias fábricas cementeras tienen o han solicitado permiso para incinerar residuos, incluso los tóxicos o peligrosos.
Los argumentos: a favor y en contra
Las incineradoras son plantas de tratamiento y reducción de RSU. No sólo los reducen a cenizas sino que generan ingresos por la venta de energía producida en la combustión. Sin embargo, su implantación ha recibido fuertes críticas de quienes las consideran un riesgo para el medio ambiente y para la salud.
Los detractores de las incineradoras, como es de recibo, rebaten las razones de sus promotores. Aseguran que destruyen recursos que podrían aprovecharse, dicen que se trata de un sistema caro que frena el desarrollo de tecnologías limpias, le acusan de que es muy contaminante y que resulta incompatible con el desarrollo de programas de separación de basuras. Otro de los problemas que adjudican sus enemigos a las incineradoras es que estas plantas industriales requieren de inversiones millonarias, por lo que se hace especialmente necesario conocer si se están gestionando de una forma eficaz y adecuada. Asimismo, plantean la exigencia de que se compruebe si se están realizando las medidas de análisis y control pertinentes.
Las diferencias entre unos y otros planteamientos se traducen también en una disyuntiva social sobrevenida: por una lado, los ciudadanos exigen a sus municipios una solución para la indeseable acumulación de basuras, pero se niegan rotundamente a que cerca de su casa se instale una planta incineradora que ayude a resolver el problema.
Hay otros métodos de tratamiento de residuos, que los detractores de las incineradoras consideran más viables y respetuosos con el medio ambiente. El compostaje es un proceso controlado y acelerado de descomposición de las partes orgánicas de los residuos que da lugar a un producto estable llamado “compost”, formado por restos orgánicos, microorganismos, oxígeno y agua, y que se puede usar para abonar suelos, alimentar ganado, construir carreteras, obtener combustibles y para otros diversos cometidos. Para que se pueda utilizar sin problemas el compost, es fundamental que la materia orgánica no esté contaminada con sustancias tóxicas: es frecuente que un exceso de metales tóxicos convierta en inútil al compost (sería difícil y muy cara su eliminación) para usos biológicos.
Y la biometanización es el tratamiento de fermentación de la materia orgánica que da como resultado la producción de metano, gas cuya combustión produce energía. Este proceso, además de en residuos sólidos urbanos, se aplica a lodos de depuradoras. Los críticos de la biometanización la acusan de generar olores nauseabundos en el entorno, de ocupar gran cantidad de suelo y de producir mayor impacto visual que una incineradora y, como consecuencia de todo ello, también de no admitir usos residenciales en las proximidades de la zona en que se produce esta biometanización.
Propuestas normativas. Los proyectos más avanzados de la normativa medioambiental en nuestro país apuntan a que entre el reciclado y el aprovechamiento de la materia orgánica se deberían tratar en torno al 50% o incluso el 60% de los residuos generados. El vertido se debería reducir a un 10%, y el resto, entre el 30% y 40%, se trasladarían a plantas de incineración. Por su parte, la directiva europea sobre vertido de residuos, aprobada en 1999, establece que cualquier tratamiento que contribuya a la eliminación de los residuos debe ser consecuente con el medio ambiente y favorecer el reciclaje. Sin embargo, el reciclaje, aunque en aumento, es todavía una práctica minoritaria (en España sólo se recicla el 11% de los RSU). Asimismo, se establece una gestión controlada y adecuada del tratamiento de residuos mediante su depósito en instalaciones que reúnan las mayores garantías. En fechas recientes, la Comisión Europea adoptaba la Estrategia Temática de Prevención y Reciclaje de Residuos y la Estrategia Temática de Recursos Naturales, junto con una propuesta de enmienda de la Directiva Marco de Residuos. Organizaciones como Ecologistas en Acción han criticado que esta Estrategia da la misma importancia al reciclaje y a la incineración, lo que significaría promover la incineración.