"La construcción es la mayor hecatombe ambiental de España"

Es la mayor hecatombe ambiental vivida en España y posiblemente en Europa.

En los años del ‘boom’ se urbanizó una superficie equivalente a 50.000 campos de futbol al año, con una tasa de construcción 500% más alta que en el resto de Europa. Se construyeron tantas viviendas al año como en Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas.

Málaga, Valencia, Alicante, Murcia, la costa catalana, las islas Baleares y la Comunidad de Madrid son los casos más extremos, pero no se salva ninguna zona. Toda la costa está enladrillada y en el interior hay casos bien conocidos, como Ávila, donde se planificaban mega urbanizaciones para 40.000 habitantes, o enormes parques temáticos como el del desierto de los Monegros, con un efecto “Las Vegas” por todo el territorio.

No, el destrozo es irreversible. En vez de apostar por diversificar la producción se sigue el mismo modelo insostenible: medidas como la desgravación por compra, la rebaja en el IVA por la compra de vivienda nueva o miles de planes urbanísticos en tramitación por todo el territorio así lo indican. Se prepara el terreno a millones de nuevas viviendas cuando quedan más de tres millones vacías y millones aprobadas y pendientes de construir. Un modelo suicida que, además del destrozo medioambiental, es el origen de los problemas asociados a la vivienda, la corrupción, la crisis económica y el paro.

En Playa Macenas (Mojácar) se ha exterminado la especie endémica de la planta Limonium Estevei con el macroproyecto ‘Macenas Med Group’, posiblemente el más devastador de la provincia: 1.400 viviendas, dos campos de golf en funcionamiento y regados ilegalmente desde hace seis años y varios hoteles en suelo protegido. Está casi terminado aunque paralizado por la crisis. Los recursos que hemos interpuesto aún no han dado lugar a una suspensión cautelar.

Tras varios años se aprobó el informe Auken, que expone los efectos del urbanismo salvaje en España en todas sus dimensiones. Refleja gran parte de la información que enviamos al Comité de Peticiones. Es el texto más contundente que conozco redactado por una institución así sobre un país europeo. Llega a sugerir la retirada de fondos de cohesión a España.

No mucho. No es vinculante y los medios lo han ignorado por su contundencia y porque toca el meollo de la corrupción. Esperamos que continúe en nuevos pronunciamientos del parlamento. Al menos sienta un precedente necesario.

Tres acciones. Una: ser conscientes de esta gigantesca estafa y de cómo nos sume a todos en la crisis económica, social, ambiental y democrática. Dos: asumir que enriquecerse a costa de destruir el entorno supondrá pagarlo entre todos a la larga. Tres: apostar por un alquiler social y no especular con el suelo y la vivienda.

Es posible que se acelere el proceso. Creemos que no podrán recurrir al Tribunal Supremo cuando tengamos la sentencia firme en el Tribunal de Granada. Pero son procesos lentos y quedan varios años por delante. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras hacen lo imposible por legalizarlo, al contrario de lo que dicen a la opinión pública.

No lo conozco lo suficiente, pero solo pido que no se use demagógicamente para disfrazar despropósitos especulativos. En España hace falta una moratoria total en la construcción y dedicar durante décadas los presupuestos municipales a deshacer los desaguisados de los últimos 30 años: vertidos fecales ubicuos, carencias en transporte y espacios públicos, educación y sanidad, etc.

Es una muestra preocupante del intento de relanzar la burbuja inmobiliaria. Frases como “el medio ambiente no debe frenar el crecimiento económico” son un ataque frontal contra los más elementales bienes comunes. Solo cabe la esperanza de intensificar la protesta social. Anunciamos grandes movilizaciones contra estas medidas.