Demasiada letra pequeña, incumplimientos en el plazo de respuesta y publicidad no del todo veraz, principales carencias
Septiembre no sólo es el mes de la vuelta al cole y las depresiones post-vacaciones: es el momento en el que muchos ciudadanos tramitan numerosas reclamaciones por la disconformidad de los servicios contratados durante sus vacaciones. La contestación que se recibe no siempre resuelve el problema o no siempre se recibir la correspondiente indemnización por el daño causado. Es entonces cuando se opta por contratar los servicios de un abogado. Una alternativa de uso creciente es recurrir a las compañías que ofrecen asistencia legal inmediata a cambio de una tarifa asequible, en principio más económica que la asesoría legal tradicional, para el ciudadano común. Ahora bien, no siempre se puede confiar en que estas empresas resuelvan todo tipo de problemas. Un estudio elaborado por CONSUMER EROSKI y disponible en Internet ha constatado, tras el análisis de 35 firmas -12 de asesoría jurídica general, 12 especializadas en divorcios exprés y 11 especializadas en multas y accidentes de tráfico- que su funcionamiento, tarifas y servicio registran notables variaciones en función de la firma elegida. Entre los principales reparos destaca que la publicidad no se corresponde con la realidad ya que su asistencia se reduce a cuestiones de poca importancia económica y que raramente acaban en pleito judicial, aunque abordan las distintas ramas del Derecho (laboral, fiscal, civil, mercantil o penal).
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Si decide hacer uso de las asesorías jurídicas por Internet sepa que puede encontrarse con tres servicios distintos entre los que deberá elegir. El 78% de las asesorías online generales y de multas dan servicio a cambio de una cuota anual. Sin embargo, esta cuota anual da opción a coberturas distintas que diferencian a las empresas entre las que promocionan una ‘Tarifa Plana’ y las que ofrecen un ‘Bono por Consultas’.
- El de ‘Tarifa Plana’ es un contrato por el cual un cliente se beneficiaría durante un año del asesoramiento jurídico que necesite, sin límite de consultas. Este sistema funciona como una aseguradora tradicional, y su mayor inconveniente es que sólo cubre a la persona que ha firmado con la compañía y a sus familiares directos (cónyuge e hijos que vivan en el domicilio). Todas las empresas que recurren multas ofrecen sus servicios con esta ‘Tarifa Plana’.
- Los ‘Bonos por Consultas’ se basan en un determinado número de asesoramientos por un precio más reducido que si se contratara cada consulta de forma individual (puede salir, en función de las que se realicen, hasta cinco veces más barata cada una) y el número de consultas o servicios contratados puede caducar o seguir vigente hasta agotar las consultas. Las consultas no se limitan al titular del contrato, sino que se ofrece un número de consultas con independencia de quién las realice.
- El abanico de posibilidades continúa con el ‘Pago por Consulta’, o la solicitud de asesoramiento jurídico para un determinado caso. Este es el sistema elegido por todas las asesorías especializadas en tramitar divorcios. Dentro de las empresas dedicadas a la asesoría en general y a las multas de tráfico, la mayoría ofrecen sus servicios a cambio de una cuota anual (con límite o sin límite de consultas), y el 45% ofrece la opción de pagar por una sola consulta. Este pago puede realizarse mediante la formulación de la duda legal a través de un teléfono de tarificación especial 807 o a través del pago de un precio fijado mediante transferencia o domiciliación y articulando la consulta por correo electrónico o teléfono ordinario. Los despachos de abogados tradicionales en los que el cliente acude de manera presencial a la oficina presupuestan o minutan el trabajo del letrado según el caso concreto. Es lo que se conoce como ‘Presupuesto Personalizado’. Entre las empresas de asesoría en general online, el 25% ofrece también la opción del ‘Presupuesto Personalizado’ según el caso concreto del cliente.
- En el caso particular de los divorcios, la labor de estas empresas se centra en los que son de mutuo acuerdo, mientras que los divorcios por lo contencioso precisan más atención y para ellos fijan un presupuesto personalizado, muy similar al montante que exigiría un bufete tradicional. Esta situación se hace extensible al resto de casos referentes a todas las ramas del derecho.
- El asesoramiento virtual de un abogado por un asunto concreto tiene un precio medio de 40 euros, un bono por diez consultas cuesta 90 euros, cinco más que un servicio anual de recurso de multas, y las gestiones de un divorcio, 500 euros.
- Desconfíe de la información que aparece en las páginas web de las asesorías online, ya que en general no están actualizadas o no ofrecen forma de comprobarlo, y compruebe la vigencia del servicio. Antes de suscribir ningún contrato, intente mantener algún tipo de contacto directo (teléfono, correo electrónico o visita personal), pida información sobre las condiciones generales del contrato y compárela con lo anunciado en Internet.
- Infórmese bien antes de contratar los servicios de alguna de estas empresas. En muchas ocasiones el servicio anunciado da a entender que por el pago de una cuota asequible dispondrá de un abogado. Sin embargo, la mayoría de las empresas se limitan a asesorar al cliente y a redactar y tramitar documentos a su nombre.
- Aunque en ocasiones se publicita una atención online 24 horas, exija la confirmación de que esta oferta es real o se limita a los casos de urgencia.
- Infórmese sobre la empresa que más le interesa para solicitar sus servicios. Sepa que son muchas las páginas web que tienen detrás una empresa cuyo nombre poco o nada tiene que ver con la actividad que desarrolla. La automatización de algunos procedimientos legales favorece que muchas organizaciones ofrezcan, a través de la Red, programas y herramientas para que el consumidor elabore sus reclamaciones, recursos y textos jurídicos, mediante la inserción de una serie de datos sobre el procedimiento o sanción en curso. Esto puede abaratar costes para el cliente, pero abona el terreno para la creación de asesorías online poco fiables y con un limitado recorrido en la asesoría jurídica.
- Lea con detenimiento las condiciones generales del contrato con la empresa o la sección ‘aviso legal’ que, de manera habitual, aparecen en las páginas web de las asesorías legales online, ya que es ahí donde se esconde la ‘letra pequeña’.
- Sepa que los datos referentes a la titularidad de la empresa, sede física, número CIF, etc. se encuentran normalmente en el ‘aviso legal’, mientras que las condiciones generales del contrato informan sobre cuestiones fundamentales para saber el tipo de servicio que se contrata. Entre esas condiciones es habitual encontrar una limitación en el número de consultas, la advertencia de la posibilidad de suspender temporalmente el servicio por Internet o, incluso, el aviso de que la empresa no se responsabiliza del éxito o de la calidad de la respuesta ofrecida al consumidor.
- Otra de las informaciones relevantes que no se encuentran a simple vista en la página web o en las comunicaciones con la empresa es que la renovación automática de los contratos temporales, práctica habitual de las asesorías legales online. Con el objetivo de evitar esta situación, no dude en insistir para que sea la empresa la que le facilite un número de cuenta donde ingresar el pago acordado. Esto impediría el cobro automático de la cuota al finalizar el año de contrato, si bien no anularía esa orden de renovación si no se les avisa de lo contrario.
- Revise con atención el contrato para comprobar si le han impuesto un límite en el número de consultas.
- Si solicita un presupuesto exija que le hagan un desglose detallado por conceptos para evitar sorpresas como pagar aparte la obtención del certificado de empadronamiento o del poder notarial de pleitos.
- Si ha decido divorciarse a través de Internet, antes de nada, pregunte el coste de la redacción del convenio regulador para que no haya sorpresas ante la decisión de detener todo el proceso. Sepa que no todas las páginas web advierten de que cobran por dicho escrito, que puede suponer de media el pago 105 euros.