"Los controles de productos de pesca ilegal en España son los más eficaces de la Unión Europea"

No hay cifras oficiales. Las estimaciones sobre la pesca ilegal en el mundo señalan hasta 26 millones de toneladas con un valor de más de 21.000 millones de euros. Los controles para productos de pesca de terceros países que realiza la Secretaría General de Pesca son los más eficaces de la Unión Europea (UE), con un 100% de las partidas. España es líder a nivel comunitario en cifras de rechazos.

Tiene un impacto muy grave. En el ámbito ambiental, supone un riesgo evidente para la sostenibilidad de los recursos pesqueros, al realizarse al margen de la medidas de gestión sostenible y las recomendaciones científicas, dos de los tres pilares de la política de pesca del ministerio. Con respecto a la economía, es una competencia desleal para los operadores legales, ya que se reducen sus beneficios.

Es muy complicado identificar y desmantelar a sus responsables. La pesca ilegal no conoce fronteras, el mercado es global. Sus capturas se pueden realizar en un caladero, descargarse en un puerto lejano, incluso en transbordos ilegales en el mar, comercializarse en cualquier parte del mundo por canales de venta paralelos y, finalmente, mezclarse con los productos legales. Sin embargo, España ha conseguido, gracias a actuaciones como las operaciones “Sparrow”, identificar algunas tramas, incluido el uso de empresas pantalla o fantasma que han llevado a cabo estas prácticas ilegales durante años, y proceder contra ellas.

Se han hecho mejoras evidentes en materia de trazabilidad, información al consumidor y etiquetado de los productos pesqueros. Todos los productos de la pesca y la acuicultura tienen que ser conocidos en todas las fases de producción, transformación y distribución, desde la captura o la cosecha hasta la fase de venta al por menor, donde tienen que etiquetarse correctamente y dar una información mínima al consumidor. Ello permite conocer con mayor exactitud el origen de las capturas y facilitar a todos los operadores de la cadena de comercialización que adquieran productos de proveedores fiables.

La modificación de la Ley de Pesca funciona correctamente, creando un entorno con sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas. Un fruto muy palpable son las mencionadas operaciones “Sparrow” que, gracias a las nuevas herramientas y capacidades, han permitido detectar actividades ilegales vinculadas a ciudadanos y empresas españolas, y posibilitará las sanciones más altas vistas hasta el momento en nuestro país.

Desde 2012, el control de las actividades pesqueras en España tiene un enfoque integral y coordinado, en el que confluyen las actividades de vigilancia e inspección y la propia lucha contra la pesca ilegal y el control de las importaciones. Se ha reforzado la colaboración entre el MAGRAMA y otros organismos que realizan controles, como las comunidades autónomas, la Guardia Civil, la Armada y terceros países. Nos hemos dotado de nuevas herramientas de control, como nuevas tecnologías o la mejora de la capacitación y conocimiento de nuestros inspectores. Todo se encuadra en el tercer pilar de nuestra política, control y cumplimiento (además de los dos citados anteriormente), que nos ha situado a la cabeza mundial en la lucha contra la pesca ilegal.

Todavía hay recorrido para mejorar la concienciación de todos, especialmente en lo concerniente a la competencia desleal para los pescadores responsables y al riesgo para la sostenibilidad de los stocks pesqueros. Solo desde el trabajo de todos, incluyendo al propio sector pesquero, consumidores, ONG, científicos y administraciones, es posible luchar contra esta lacra. Se han habilitado partidas presupuestarias específicas, incluyendo de fondos comunitarios, destinadas, entre otras actuaciones, a campañas informativas. El ciudadano debe exigir en su punto de venta toda la información y, sobre todo, el origen de la mercancía que adquiere y rechazar los productos que incumplan las normas.