: La empresa de ADSL quiere seguir cobrando pese a haber dado la baja al servicio

En 2004 me di de alta en un producto de prueba de ADSL. Cinco meses después remití un correo electrónico solicitando la baja. Me respondieron pidiéndome que llamara a un 902, algo que no consideré necesario. La compañía me continuó facturando, así que dos meses después llamé por teléfono y me explicaron que el correo electrónico no era válido para darme de baja y que me habían pasado de forma automática a otro servicio de ADSL, el más caro. La baja sólo se produciría si pagaba por adelantado los seis meses que faltaban de contrato y además el telefonista me anunció que esa conversación iba a ser grabada. Ahora he recibido un requerimiento de pago de una compañía de abogados. ¿Qué puedo hacer?

/imgs/20050601/consultorio02.jpg Cuando el usuario solicita una baja de acuerdo a las condiciones del contrato y no es tramitada, hay un incumplimiento de la compañía. El paso automático a otra modalidad de servicio más cara, sin información previa ni consentimiento, es también un claro abuso que viciaría de nulidad el contrato. Pero el usuario debe comprobar primero en las condiciones de la oferta que aceptó el plazo mínimo por el que se vinculaba, las consecuencias de no cursar la baja transcurrido dicho plazo y las modalidades, formas y/ o requisitos impuestos en las condiciones generales y especiales de la contratación para tramitar la baja.

La forma de solicitar la baja debe ser la que conste en el contrato. Si no consta nada, lo más recomendable es hacerlo por escrito (fax, buro fax o carta certificada con acuse de recibo). Como la compañía instó al afectado a solicitar la baja telefónicamente, el usuario debería haberlo intentado.

En cualquier caso, se debe conservar en el disco duro el mensaje con su fecha como medio de prueba, además de comprobar si en la información de la oferta y del contrato aceptada se señala o no si transcurridos seis meses sin cursar la baja se pasa a otra modalidad de servicio. Esto último puede llegar a ser lícito siempre que se informe con veracidad y claridad en las condiciones de la oferta y del contrato, y no se exijan trámites desproporcionados para cursar la baja con ánimo de impedir o dificultar su tramitación. El afectado debe acudir con copia de toda la documentación de la oferta y del contracto a la OMIC de su municipio. Si la actuación de la compañía no se ajusta a las condiciones de la oferta y del contrato, o éstas fueran oscuras o contrarias a los criterios de buena fe y equilibrio de contraprestaciones, existe la opción de acudir a arbitraje de consumo o a un abogado.