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Separación y divorcio, cada vez más habituales : Terminan los problemas del matrimonio, comienzan los de la separación

La Ley del Divorcio se implantó hace 18 años en España. Desde entonces se han divorciado cerca de un millón de personas, y la cifra sigue en aumento

Las pensiones, foco de desavenencias

Un aspecto que los jueces valoran muy minuciosamente a la hora de emitir una sentencia de divorcio es la protección a la parte que se considera más perjudicada por la ruptura. En el 90% de los casos en los que se recurre a la vía contenciosa, la mujer se queda con la custodia de los hijos, la vivienda familiar y la pensión alimenticia de los hijos. Es importante aclarar que la pensión se concede a los hijos y no al cónyuge que obtiene la custodia de éstos, aunque será ese cónyuge quien la administre. La cuantía la decidirá el juez en función de las necesidades y los gastos habituales de los hijos, sin olvidar las circunstancias económicas de los padres y el número de hijos a los que debe aportar la pensión. La pensión alimenticia de los hijos puede alcanzar hasta el 30% de los ingresos del progenitor que deba pagarla.

Otra cosa, y bien distinta, es la pensión compensatoria a favor del cónyuge a quien la separación o divorcio ocasione un desequilibrio económico, normalmente, la esposa. Para calcularla, se consideran los años de matrimonio, la dedicación de la mujer a la familia, la edad, su posibilidad de incorporarse al mercado laboral, su salud y el patrimonio disponible, por lo que es difícil aventurar una cantidad media representativa. De todos modos, se puede afirmar que lo que un cónyuge divorciado o separado abona en concepto de alimentos para los hijos y la pensión compensatoria del otro cónyuge no supera generalmente el 45% de sus ingresos.

Una nueva figura: el mediador

Estos últimos años, han surgido centros de mediación familiar, que facilitan el proceso de separación y divorcio. Disponen de estos servicios en CAV, Madrid, Cataluña y Baleares. Son centros privados que la Administración ha considerado de interés público; por ello las subvencionan en algunas comunidades, pero siguen siendo de carácter privado. La Administración vasca fue pionera en ofrecerlo como servicio gratuito en 1996, aunque también hay entidades privadas que se dedican a la mediación. Estos servicios se dirigen a parejas que han decidido separarse, tanto a las que no han iniciado el procedimiento de separación como a las que se encuentran inmersas en él, a parejas divorciadas o separadas legalmente pero que continúan en crisis, por el incumplimiento de las medidas acordadas: impago de pensiones, incumplimiento del régimen de visitas… y a parejas que no quieren iniciar un procedimiento legal pero necesitan ayuda para regular su relación.

El objetivo de la mediación es que las parejas descarten la vía contenciosa y alcancen un consenso que permita la separación o divorcio de mutuo acuerdo, y así reducir el coste económico y el impacto emocional que conlleva el procedimiento legal. Estos acuerdos afectan a cinco áreas básicas: separación de la sociedad ganancial, pensión del cónyuge sin recursos, guarda y custodia de los hijos, régimen de visitas y pensión de alimentos a favor de los hijos. A través de reuniones con los afectados se negocian los puntos mencionados. Si se alcanza un acuerdo final, se firma como un convenio regulador que acompañará la demanda de separación de mutuo acuerdo. Todo ello repercute en la duración del proceso, y aunque resulta difícil señalar plazos de resolución -varían dependiendo de cada juzgado y de su volumen de trabajo-, puede afirmarse que se agiliza notablemente el procedimiento, ya que al evitarse la vía contenciosa y conducirse los conflictos de forma amistosa, los plazos se reducen.

Pero la labor de los mediadores no acaba ahí. Realizan un seguimiento para conocer si se mantienen los acuerdos y para negociar posibles cambios, si fuera necesario. Los servicios gratuitos ofrecen asesoramiento jurídico y psicológico, pero la pareja que se decida a iniciar acciones legales deberá contratar abogado y procurador. No obstante, si la pareja acude a un servicio de mediación privado el mismo letrado que les ha asesorado en lo referente al aspecto legal del convenio llevará también el proceso legal ante el juzgado.

Un adiós en diferido

En un proceso de separación amistosa, el primer paso es establecer un convenio regulador, que recoge las normas que regirán el final de la convivencia conyugal (las condiciones de la guardia, custodia y régimen de visitas de los hijos, quién utilizará el domicilio conyugal, las pensiones económicas…), que son ratificadas ante el juez al mes de iniciado el proceso. En caso de que la separación sea contenciosa y, por tanto, a petición de uno de los cónyuges, el proceso puede alargarse mucho, ya que la parte que interpone la demanda incluye en la misma las condiciones que desea. Que, por cierto, rara vez coinciden con los requerimientos de la otra parte. Por tanto, será el juez quien establezca, con carácter provisional, las medidas que regirán la vida de la pareja durante el procedimiento de separación.
Estas medidas pueden ser ratificadas o modificadas en la sentencia de separación.

El divorcio puede solicitarse al año de interponer la demanda de separación amistosa, a los dos años ininterrumpidos del cese efectivo de la convivencia conyugal (si la separación ha sido consentida libremente por ambos cónyuges) o, sin más, a los cinco años del cese efectivo de la convivencia conyugal, a petición de cualquiera de los cónyuges. También se puede pedir el divorcio en caso de condena en sentencia firme por atentar contra la vida del cónyuge, sus ascendientes o descendientes. Si al divorcio se llega de mutuo acuerdo, el veredicto se obtiene en 2 ó 3 meses (en Vizcaya las sentencias de separación de mutuo acuerdo se están dictando más rápido); si es por vía contenciosa, la sentencia definitiva puede tardar varios años.

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