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Donación de órganos : Gesto solidario de unos, segunda oportunidad para otros

La Organización Nacional de Trasplantes

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) es un organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo, cuya misión es promocionar, facilitar y coordinar la donación y el trasplante de todo tipo de órganos, tejidos y médula ósea. Desde que se fundó en 1989, casi 100.000 personas han recibido un trasplante de algún órgano o tejido.

La ONT actúa a modo de agencia de servicios para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, procura el incremento continuado de la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante, y garantiza su más apropiada y correcta distribución de acuerdo al grado de conocimientos técnicos y a los principios éticos de equidad que deben presidir la actividad trasplantadora. La ONT espera incrementar este año en un 15% las donaciones de órganos.

En algunas comunidades autónomas, la gestión de los trasplantes es responsabilidad de unidades a su vez autonómicas, pero la ONT juega un papel decisivo en la coordinación de la información y en algunos casos, en la propia gestión de los órganos donados. Por ejemplo, cuando en Bilbao o Valencia se cuenta con un hígado utilizable pero es en Cáceres donde hay un paciente en urgencia cero -podría morirse en uno o dos días-, la ONT coordina el flujo de informaciones necesario para adoptar las decisiones más adecuadas sobre el trasplante.

La ley y las donaciones

Desde el punto de vista jurídico, la donación de un órgano en beneficio del prójimo está justificada, por lo que la normativa favorece los progresos científicos y evita el trafico lucrativo de órganos y los abusos experimentales. La Ley de Trasplantes de 1979 plantea cuatro cuestiones esenciales, matizadas por el novísimo Real Decreto:

  • La finalidad de la extracción será siempre terapeútica.
  • La donación es, siempre, gratuita y confidencial. Las apremiantes necesidades económicas que sufren ciertas capas de la población, menos minoritarias en los países más pobres, y el ánimo de lucro de intermediarios sin escrúpulos que podrían vender órganos, indujeron a los legisladores a reiterar la gratuidad de la donación, incidiendo en la prohibición de que el ser humano sea objeto de contrato, de que los órganos sean un producto más que ofrece el mercado a un determinado precio, o peor aún, al mejor postor. Esta compra-venta, ciertamente, sería inhumana, además de discriminatoria (si se subastaran los órganos, por ejemplo, en Internet, ¿quién podría acceder a un trasplante?, ¿sólo los ricos?). El nuevo Real Decreto evita el tráfico de órganos y prohibe cualquier publicidad sobre la necesidad de un órgano, así como la búsqueda de cualquier tipo de gratificación o remuneración por la donación (art.8). Por otro lado, esta será siempre confidencial, tanto en lo que respecta a la identidad del donante vivo como a la del fallecido y a su familia.
  • El donante vivo (por ejemplo, para trasplantes de médula ósea y riñones) otorgará su consentimiento de forma libre y consciente. Será mayor de edad, gozará de plenas facultades mentales y habrá sido informado sobre las consecuencias de su decisión. La extracción del órgano o tejido será compatible con la vida y su función podrá ser compensada por el organismo de forma adecuada y suficientemente segura. Una novedad del último Real Decreto es que el donante firmará la cesión de su órgano ante el juez del Registro Civil y podrá cambiar de opinión durante las siguientes 24 horas. Pero, en todo caso, se primará la donación de fallecidos frente a los vivos.
  • Respecto a donaciones de fallecidos, se les presume su condición de donantes siempre que en vida no conste su expresa oposición a la extracción de órganos una vez ocurrida la muerte. Precisamente este criterio, el consentimiento presunto, desconocido por muchos ciudadanos, ha determinado que España sea el primer país europeo en el trasplante de órganos. Si el difunto no dejó constancia verbal o escrita de su voluntad acerca de posibles donaciones, prevalece el principio de solidaridad y se presume el consentimiento. En teoría, los familiares no pueden negarse ni autorizar la donación, por el simple motivo de que esta decisión queda fuera de su competencia. Los médicos, conforme a la letra y espíritu de la ley, deben investigar la voluntad del fallecido, preguntar al personal sanitario que lo trató sobre si dijo algo al respecto antes de morir e incluso revisar entre sus efectos personales por si se encontrase algún escrito que aludiera a esta cuestión. La consulta a la familia debería ser en este sentido (pedirle su testimonio sobre lo que pudo dejar dicho el fallecido), y no en otro. Conforme a la ley, no podría negarse a la donación. Menos aún, si hubo consentimiento expreso por escrito. Aunque una manera bien simple de negarse es que cualquier miembro de la familia asegure que el fallecido no deseaba ser donante o que pensaba retractarse de su voluntad inicial de serlo. Lo habitual, de todos modos, es que prevalezca siempre la opinión de los familiares.

Muerte cerebral y parada cardiaca

Otra de las novedades del Real Decreto es que permite la obtención de órganos en caso de fallecimiento por parada cardiaca, mientras que anteriormente sólo en caso de muerte encefálica se autorizaba el proceso de trasplante. La muerte encefálica está definida por ley, y significa la ausencia de toda respuesta cerebral, de respiración espontánea y de reflejos cefálicos. Para confirmarla, deben realizarse las pertinentes pruebas médicas. Además, ha de ser certificada por tres médicos -un neurocirujano, un neurólogo y el responsable de la unidad hospitalaria donde haya ocurrido el deceso-, que no intervengan en trasplantes, con el fin de garantizar al máximo la objetividad.

Una de las razones de las negativas de los familiares es el miedo a que la persona pueda sufrir en el momento de la extracción, ya que aún no se tiene suficientemente claro el concepto de muerte encefálica. Estamos acostumbrados a asociar la parada cardiaca letal en una persona con su muerte definitiva, pero la posibilidad de mantener la circulación dentro del organismo de forma artificial una vez que la persona ha muerto (propia de la muerte encefálica) es más difícil de asociar con el fallecimiento. En la muerte por parada cardiorespiratoria, se aplica el art. 10.5 del Real Decreto, que contempla el procedimiento a seguir para obtener autorización judicial. El médico debe asegurar la preservación de los órganos, previa comunicación al juzgado. De este modo, se puede actuar con más rapidez.

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