"El rigor científico en el etiquetado de los alimentos no es un capricho"

Si la ciencia interesa hay que financiarla, hay que cuidar a las instituciones y a las personas que tienen que hacerla. Pero la realidad es que en la Administración todavía falta el sustrato de tradición de hacer ciencia, al igual que en el entorno social, donde hay poca confianza y apoyo a la investigación científica. Se está mejorando en ambos aspectos, pero si tenemos en cuenta nuestro número de investigadores, comparativamente muy pequeño con otros países de nuestro entorno, y el dinero que se invierte en investigación, también inferior, el mérito de la comunidad científica en España es que es muy productiva. De todas formas, la Administración últimamente ha intentado ocultar las deficiencias inversoras haciendo ingeniería financiera en los presupuestos generales del Estado, olvidando que los asuntos hay que afrontarlos si es que se quieren resolver. Por ejemplo, hay que recuperar la legión de científicos jóvenes españoles que se han formado o se están formando en el extranjero, ya que para hacer crecer el sistema es imprescindible ese capital humano.

La Universidad no es una institución tan homogénea como la vemos a veces. Algunos centros tienen como misión fundamental enseñar profesiones; tienen carácter de escuelas superiores de formación profesional lo cual es a la par difícil y muy importante para el futuro de un país. Pero existen otros que tienen unos objetivos distintos. Su fundamento no es tanto formar profesionales como enseñar a fabricar conocimientos nuevos, a manejar el método científico, a plasmar ideas en productos tangibles. Para eso hay que diseñar estructuras y marcos legales más flexibles que permitan la convivencia de ambos tipos de campus y ambos tipos de objetivos de la mejor manera y con el mejor profesorado. Por otro lado, es imprescindible crear estímulos positivos a los investigadores y a las instituciones que apuestan por la investigación. La Universidad tiene que estar interesada en acoger a los mejores estudiantes y profesores, y para ello las administraciones tienen que premiar con dinero a las universidades que lo hagan. Y a su vez, estas tienen que premiar a los Departamentos que realicen políticas inteligentes de captación de estudiantes y profesores.

Algunos alimentos son fácilmente identificables para quien conoce el producto, pero no siempre es así. Por una parte, puede haber riesgos individuales frente a ciertos alimentos (intolerancias o alergias) que sólo pueden eludirse si, gracias al venir especificadas estas cuestiones en la etiqueta, se evita el consumo de esa sustancia. Por otro lado, uno tiene derecho a saber si cuando paga un alto precio por un kilo de patatas es el tipo de producto que esperaba. De todas formas, no sólo hay que conocer las especies que nos comemos sino también de dónde vienen. Un cierto número de enfermedades emergentes que se asocian a zoonosis o a afecciones tóxicas están ligadas a especies animales concretas o a problemas en relación con la región de la que la especie procede. Por ejemplo, la calehuala es una enfermedad que puede ser grave y que se asocia al consumo de peces de origen tropical, como el mero o cherne tropical, que han sido intoxicados por mareas rojas; la anisakosomiasis se asocia al consumo de pescados procedentes de mares fríos, como arenque del Báltico, salmón del Pacífico y algunas especies de bacalao y merluza que se han infectado por nematodos. Hay riesgos de salud y de fraude frente a los que el consumidor sólo puede defenderse si el etiquetado es correcto y proporciona una información específica adecuada. Por lo que yo sé, nuestra actual legislación, que es la comunitaria, exige que se explicite en la etiqueta, además del nombre comercial, el nombre científico de la especie y su procedencia. Este rigor y exigencia en el etiquetado no es un capricho. A veces me choca que se sea tan exigente cuando se trata de transgénicos y, sin embargo, no se exija el control del cumplimiento de las normas de etiquetado en lo que se refiere al nombre de la especie y a su procedencia.

Cuando se permite la comercialización de una planta transgénica es porque se establece su inocuidad a través de muchos y muy rigurosos controles. Además, recuérdese que en los Estados Unidos hace años que se consumen transgénicos y no se ha demostrado el menor efecto negativo para la salud humana o de los animales. En relación con posibles efectos negativos sobre el medio ambiente, tampoco se ha observado ninguno que vaya más allá que los producidos por la agricultura moderna no transgénica. De todas formas, hay que ser prudente ya que esto no quiere decir que no pueda presentarse un problema en el futuro. Aunque sea muy improbable, siempre es posible. En nuestro país, aparte de algunos cultivos experimentales como algodón, claveles o tabaco, para el destino al consumo humano solamente se cultiva una variedad de maíz transgénico resistente a plagas, el Bt156. A pesar de ello, la desconfianza en Europa es un hecho, y es muy superior a la que se manifiesta frente a riesgos alimentarios de origen natural como los que comentábamos antes. En el caso de los transgénicos se desconfía y en el caso de ¿riesgos naturales¿ no se desconfía a priori. Es posible que esto se deba a que en el asunto de los transgénicos se han hecho evidentes los intereses económicos mientras en otros casos, habiendo igualmente intereses económicos de por medio, el ciudadano no los percibe o no los ve tan negativos. Por eso seguramente se desconfía incluso de la imparcialidad de la investigación científica al respecto. Se piensa que la investigación puede estar sesgada a favor de quien la financia, que es normalmente el que la encarga.

Deben arbitrarse procedimientos administrativos para minimizar la sospecha, porque los poderes públicos tienen la obligación de ganarse la confianza demostrando que pueden garantizar su imparcialidad. Supongo que habrá otros procedimientos, pero a mí se me ocurren dos soluciones complementarias que comparto con más de un colega. Por un lado, procurando que nadie sea juez y parte. La empresa (o la Administración) que quiere comercializar un transgénico debe pagar la investigación pero no tiene por qué ser quien la encargue. Siempre procurando no burocratizar los procedimientos, podrían concretarse instancias con participación de la sociedad civil (consumidores, etc.) que, bien asesorados, puedan actuar como un garante más de la defensa de los intereses sociales. Y como actuación complementaria, sugeriría que se hiciera el mayor esfuerzo por explicar también las ventajas que la ingeniería genética proporciona, para que el ciudadano tenga bases mas firmes sobre las que conformar su opinión.

La agricultura convencional consume mucha energía tanto en el laboreo (técnicas agrícolas) como en los productos fitoquímicos (biocidas y fertilizantes). A cambio, se obtiene una gran producción por unidad de superficie. Con esta agricultura se puede dar de comer a más gente sin aumentar la superficie cultivada. El que se haga o no son problemas de solidaridad y de decisiones políticas asociadas. La llamada agricultura ecológica, en sus distintas versiones, es más intensiva en el consumo de mano de obra y tiene menos rendimiento. Precisamente, a veces son sólo las razones de espacio lo que le convierte en ecológica. Las papas canarias o el melón de Villaconejos, creo que más por su genética que por ser producidos a la manera tradicional, son exquisitos. Pero también son carísimos. Si podemos y queremos pagarlos nos daremos un placer y colaboraremos en el mantenimiento de culturas y tradiciones entrañables así como en el deseable desarrollo de una economía local. Pero no olvidemos que el argumento no puede usarse mas que en unos pocos países y por unos cuantos privilegiados. En relación con el valor nutritivo de los productos que comemos (recomiendo fervientemente la lectura del libro de F. García Olmedo ¿Entre el placer y la necesidad¿ recientemente publicado por Crítica) tengo la impresión que lo que se puede entender técnicamente por valor nutritivo es el mismo en agricultura ecológica que en la agricultura convencional. En algunas formas de agricultura ecológica sí se podría hablar de productos con niveles más bajos de residuos pero no debe olvidarse que ciertos transgénicos han sido diseñados precisamente con el fin de ahorrar biocidas.

El invernadero no es responsable ni del color ni del sabor, que dependen de la variedad de la planta que se cultive. Normalmente, bajo los plásticos o cristales se usan plantas que permiten la maduración post-cosecha o que tienen ventajas para el almacenamiento y transporte, y a veces esas variedades no son las más sabrosas. Por ahora, no podemos tenerlo todo. Confío en que la investigación agrobiológica avance más y podamos tener todo el año los más exquisitos productos, pero no sólo eso. Tengo confianza en que cuanto más investiguemos, mejores productos conseguiremos, e incrementaremos nuestra calidad de vida. Y, sobre todo, podremos poder dar de comer a quien tiene hambre y curar a quien sufre.