El enfermo, menos paciente y más activo
La persona enferma deposita en el saber médico su confianza y su esperanza. Pero el paciente está lejos de ser un sujeto pasivo en el proceso de recuperación. Puede, y es aconsejable que lo haga, exigir un trato personalizado, una mejor relación sanitario-paciente, una adecuada y correcta información, así como la posibilidad de participar en las decisiones sobre su salud. Conceptos como los de mejora continua, calidad o excelencia, ya asentados en otros ámbitos de la sociedad, están surgiendo como referentes para los sistemas de gestión de las organizaciones sanitarias.
Nuevos roles
El modelo tradicional de la relación médico-paciente se ha basado hasta hace unos años en un modelo paternalista: el médico, después de escuchar y reconocer al paciente, emitía el diagnóstico y establecía un tratamiento. Él sabía qué era lo mejor para el paciente y éste consentía pasivamente, sin apenas recibir información sobre las distintas alternativas terapéuticas con sus ventajas e inconvenientes. En este tipo de relación el paciente no era más que un elemento pasivo que poco tenía que decir y que pocas veces se atrevía a cuestionar la opinión del profesional.
Este modelo ha ido desapareciendo en las últimas décadas y la relación médico-paciente se ha transformado. La evolución de las relaciones sociales, el auge de los derechos individuales y la accesibilidad a una gran información han favorecido que el paciente asuma de manera cada vez más generalizada un papel de co-protagonista en el cuidado de su salud y en la toma de decisiones cuando requiera un tratamiento.
Sin embargo, para que este nuevo papel se desarrolle de forma satisfactoria se debe contar con ciertas condiciones. La primera es la garantía de la calidad de la información a la que accede o la que se proporciona al paciente. La Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente dispone en su artículo 4.3 que “el médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información y los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle”. Hay que tener en cuenta que en la asistencia no sólo interviene el médico, sino el resto del personal sanitario que participa en el proceso: enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares o trabajadores sociales, entre otros. Cuando participan varias partes, el mismo centro hospitalario puede ser el responsable en ofrecer toda la información, siempre y cuando estén descritos los riesgos de todas las intervenciones y actos a los que se someterá el paciente.
En esta línea, la Ley General de Sanidad establece la obligación del médico de informar al paciente, y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente introduce la figura del médico responsable, es decir, el que coordina la información y asistencia: “todo paciente debe ser informado por su médico responsable antes de recabar el consentimiento escrito garantizándole, además, su derecho a una información completa”.
No obstante y a pesar del importante amparo que proporciona el marco legal actual -artículo 43 de la Constitución Española de 1978, Ley General de Sanidad de 1986, Ley 41/2002 Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, y las que las comunidades autónomas han fijado para sus respectivos territorios- no se contempla una evaluación de su conocimiento por parte de los usuarios ni de su efectividad en la práctica clínica diaria. Este aspecto es básico, ya que si un individuo no conoce sus derechos y obligaciones, no podrá participar en la toma de decisiones acerca de su tratamiento, diagnóstico, etc.
Las exigencias de la información
La información plantea, además, otras cuestiones importantes. Hasta fechas recientes, los profesionales de la medicina mantenían la hegemonía sobre la información relacionada con la salud. Ahora, la información sanitaria, que invade la prensa y, de manera especial, Internet, crece de forma exponencial -aunque en ocasiones su fiabilidad es cuestionable- y está al alcance de casi todos: el 19,6% de las consultas en Internet que se efectúan en España se centran en temas relacionados con la salud y cada vez es más frecuente que los pacientes consulten a sus médicos acerca de cuestiones que primero han leído en la Red. Todo ello configura una nueva realidad en la que los profesionales de la salud actúan como asesores sobre el acceso y calidad de la información sanitaria disponible, actividad que exige adaptar los tiempos de consulta.
Precisamente, la falta de tiempo para atender a los pacientes es el inconveniente más importante para que este modelo ideal de “toma de decisiones compartida” se desarrolle con éxito en la práctica clínica diaria. Por este motivo, se suele recurrir casi con exclusividad al documento escrito de información y consentimiento informado, aunque algunos estudios apuntan que el contenido de muchos de estos documentos es deficiente. Por tanto, y pese a las iniciativas legales que pretenden potenciar el derecho a la información y a la autonomía del paciente, se está muy lejos de alcanzar los objetivos mínimos.
Mayor implicación
En un peldaño superior se halla la implicación y participación del ciudadano en las decisiones de políticas sectoriales en salud y servicios sanitarios. Expertos, asociaciones y organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa han elaborado una serie de recomendaciones sobre la participación de los ciudadanos y los pacientes en el proceso de toma de decisiones en los sistemas sanitarios. La necesidad de rediseñarlos para adecuarse a la nueva realidad es patente y la participación de los ciudadanos en este proceso es uno de los mejores indicadores para que la salud del paciente mejore desde todos los puntos de vista.