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Un matrimonio adquirió, mediante un agente de la propiedad inmobiliaria, una vivienda de protección oficial en construcción por un importe aproximado de siete millones de pesetas. Una vez finalizada la obra y adjudicada definitivamente la vivienda, decidieron venderla por un importe de 18 millones de pesetas, contratando los servicios del mismo agente de la propiedad, que cobró, tras la firma del contrato, un millón de pesetas. Transcurridos unos meses, los compradores presentaron una denuncia ante Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, tras percatarse de que el precio acordado en la compra, de 18 millones de pesetas, superaba el máximo legal para un inmueble de protección oficial. La Administración impuso a los vendedores una multa de 300.000 pesetas, y reservaba a los compradores el derecho de ejercer las oportunas acciones civiles.

Sin embargo, ambas partes llegaron a un acuerdo para la venta del piso por el importe permitido. Posteriormente, el matrimonio vendedor presentó una reclamación contra el agente de la propiedad inmobiliaria que había mediado en dicha operación. El Tribunal Supremo, en sentencia del 2 de octubre de 1999, sentenció que "el corredor debe mantener informado al cliente de todos los detalles que puedan influir sobre la valoración y consecuencia del negocio", de forma que al no haber advertido a sus clientes de la imposibilidad de vender un piso de protección oficial a precio superior al legal (está tasado y es inalterable), incurrió en una negligencia inexcusable. El Supremo condenó así al agente inmobiliario a indemnizar a los vendedores con 5.600.000 pesetas.

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