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PISOS TURÍSTICOS: LOS VECINOS ESTÁN DE PASO

Han cambiado el rostro en las zonas más céntricas de las ciudades: la subida de los precios del alquiler, el cierre de los comercios tradicionales y la masificación tienen mucho que ver con los apartamentos de vacaciones. Radiografiamos una moda que ha reescrito los planes de veraneo y la convivencia de propietarios, viajeros y vecinos.

Efectos y responsabilidad

EFECTOS COLATERALES

 

El efecto inmediato del fenómeno es la subida del precio de esos otros alquileres. En barrios donde antes se pagaban 700 u 800 euros por mes, ahora se piden entre 1.000 y 1.200 euros. Según datos del portal inmobiliario idealista.com, el precio de alquiler inició su subida en 2016, cuando pasó de una variación interanual del 6% en 2015 al 15,9%. En 2017 siguió su recorrido al alza marcando una variación del 18,4%. Pero los pisos turísticos no son los únicos culpables de estas subidas. "España se va pareciendo más a Europa y por ello cada vez son menos los que se deciden a comprar. A ello hay que sumar el miedo al desahucio por la crisis y la negativa de los bancos a ofrecer el 100% de la hipoteca a sus clientes", resume Tolo Gomila, presidente de Fevitur.

El malestar de los vecinos se ha instalado en algunos barrios. De esto saben mucho en Palma. José Hila, concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, asegura que el número de denuncias de vecinos por molestias de turistas se ha multiplicado por cuatro en tres años. Si en todo 2014 hubo 42, en el mismo periodo de 2017 el número alcanzó las 192 denuncias.

Palma de Mallorca es una de las ciudades en las que el alquiler turístico ha crecido de manera más desorbitada en los últimos años. Según el ayuntamiento, la oferta de estos pisos no reglados aumentó entre 2015 y 2016 un 50%, y según Airbnb, en febrero de 2017 solo en Palma estaban registradas 2.972 entradas de este tipo. "El paralelismo entre la evolución de las viviendas vacacionales y el aumento de los precios del alquiler es evidente. Aunque no se trate del único factor, ha incidido mucho", asegura Hila. La subida del alquiler se manifiesta en un alza del 40% desde 2013.

El ayuntamiento insular propuso recientemente que el alquiler de las estancias turísticas se limite a viviendas unifamiliares. "Palma debe ser una ciudad habitable. Lo peor que puede pasar es que los habitantes tengan que irse de su ciudad o que los trabajadores de temporada dejen de venir a la isla por no poder pagar los precios desorbitados a los que estamos llegando", defiende Hila. Cualquier alquiler inferior a 30 días se considera turístico.

Como el mapa legal de los apartamentos turísticos es un gazpacho de normas, ordenanzas y proyectos que dictan las Comunidades Autónomas, otras ciudades han puesto sus propios límites. Estos son algunos de ellos.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que ilegalizará el 95% de las viviendas turísticas del distrito Centro al exigir para poder alquilar un acceso independiente desde la calle. Además, lo limitará a un máximo de 90 días. De sobrepasarse ese tiempo, el propietario deberá solicitar una licencia urbanística para su alojamiento e integrarlo dentro del uso terciario hotelero. Ningún edificio podrá tener más de un 75% de viviendas destinadas a este uso.

En Valencia, el Gobierno de la Comunidad concederá capacidad de maniobra a los ayuntamientos. La entrada en vigor de la ley supondrá que los nuevos pisos turísticos queden limitados a los bajos y las primeras plantas en la capital. Se fijan en 45 días el plazo máximo de alquiler en caso de vivienda completa, plazo inexistente cuando el arrendamiento se reduce a una sola habitación y el turista convive con el titular. Pero, como dice el refrán, "hecha la ley, hecha la trampa". "Cuando una persona reserva mi alojamiento por Airbnb le propongo cancelar el acuerdo y hacerlo en efectivo", confiesa la propietaria de un alojamiento de Madrid. "Así no queda reflejado en ningún sitio si he alquilado mi casa 20, 90 o 150 días", concluye.

En Barcelona, los pisos turísticos "han fomentado la especulación, encareciendo la vivienda y causando problemas de incivismo y convivencia", dicen en el bufete de la Ciudad Condal Márquez & Abogados. En la capital, la regulación urbanística corresponde al Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que regula la concesión de las licencias y tiene por objetivo conciliar la implantación de estos alojamientos con un modelo urbano sostenible. El ayuntamiento ha incrementado el número de inspectores. Las multas a quienes alquilen su vivienda sin licencia pueden llegar a los 30.000 euros.

En San Sebastián hubo hace meses gran polémica con estos pisos, para garantizar la esencia de la Parte Vieja. Así, en la capital guipuzcoana hay regulación a dos niveles: el Gobierno Vasco lo hace a través de una ley, de Turismo, y el Ayuntamiento, mediante la Ordenanza reguladora del uso urbanístico de vivienda turística recientemente aprobada. La primera se ocupa de aspectos técnicos; la segunda, del uso urbanístico de la vivienda.

Sevilla. Un decreto de febrero de 2016 regula las viviendas turísticas en Andalucía, donde los propietarios de pisos deben cumplimentar y presentar el formulario de declaración responsable para inicio o ejercicio de la actividad. Deben disponer de licencia de ocupación y cumplir en todo momento con las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas. En Sevilla, la saturación de algunas zonas hace que se estén planteando otras medidas y estudian ya la redacción de una ordenanza similar a la de San Sebastián.

LLAMADA A LA CORRESPONSABILIDAD.

Airbnb solo recomienda a sus usuarios que conozcan bien la normativa vigente de su ciudad, pero no parece controlar que todos los alojamientos publicados en su plataforma cumplan con la normativa. De hecho, incluso se lava abiertamente las manos cuando los turistas denuncian que se está incumpliendo la ley. "Reservamos en Manhattan un alojamiento y al cabo de los días nos enteramos de que era ilegal. Quisimos cancelar la reserva con el propietario, pero su política de cancelación nos obligaba a pagar el 50% del total", relata Ignacio Sanz, sobre una incidencia de 2016. "Cuando nos pusimos en contacto con Airbnb nos dijeron que no podían hacer nada, que ellos aconsejaban a todos los propietarios conocer y respetar la normativa de cada ciudad. Si cancelábamos, perdíamos nuestro dinero", recuerda.

Las plataformas deben ser corresponsables, según los expertos. "Es la única manera de controlar que los alojamientos cumplen con la ley. Lo que no puede ser es que cierren un supermercado a gran una cadena de distribución si vende alimentos sin el certificado fitosanitario y que AirBnb solo aconseje cumplir con la normativa", concluye Zoreda, de Exceltur.

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