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María José Cornax, directora de pesca de Oceana en Europa: "Los españoles tenemos un papel muy destacado en la pesca ilegal"

 

Comprar bacalao y llevarse a casa panga de la peor calidad. Es solo una muestra de los diversos fraudes que sufren los consumidores a la hora de adquirir productos pesqueros. Un reciente estudio de la organización conservacionista Oceana ha destapado casos muy llamativos; entre ellos, que el 95% del atún rojo vendido en Bruselas, precisamente donde se legisla contra la pesca ilegal, es falso. Según la directora de pesca en Europa de Oceana, María José Cornax, los españoles son los que más fama tienen de pescadores "piratas" en la Unión Europea (UE), pero no son los únicos. Actúan como redes de crimen organizado internacionales y, además de los graves daños para las especies marinas y los riesgos para la salud que provocan, se estima que causan unas pérdidas económicas mínimas de más 7,3 mil millones de euros al año.

¿Qué dimensiones alcanza la pesca ilegal?

Es como la corrupción o la droga, resulta muy difícil de medir. Está desde el pequeño fraude de un barco que no declara las capturas, hasta la pesca ilegal a gran escala en aguas internacionales no declarada y no reglamentada de todos los países del mundo.

¿Y en España?

Los españoles tenemos un papel muy destacado. En las Navidades pasadas, se detectaron barcos, atribuidos a españoles, que practicaban la pesca ilegal en aguas internacionales de la Antártida de una especie de alto valor comercial en Estados Unidos, el bacalao polar, al borde del colapso por ello.

¿Qué resultados obtuvieron en su estudio?

Los test de ADN en varios restaurantes de Bruselas descubrieron que uno de cada tres pescados consumidos eran falsos. Algunos casos eran muy llamativos: el 95% del atún rojo no era tal y como bacalao se vendía panga, un pescado cultivado en el sudeste asiático en malas condiciones. Queríamos demostrar a los políticos que deciden en Europa que también son vulnerables, para que actúen. Nos han llegado muchas peticiones de la administración comunitaria. Y no es el único estudio. El CSIC hizo uno en Cataluña que detectó un fraude inverso del atún rojo.

¿Un fraude inverso?

Cuando el consumidor compraba "patudo", una especie de atún, le vendían atún rojo. Fue capturado ilegalmente y lo camuflaban como otra especie. Prefieren ganar menos que ser sancionados o perder la venta.

¿Cómo se puede localizar a estos pescadores ilegales?

Actúan como redes de crimen organizado internacionales. Es muy difícil identificarlos. Utilizan buques con un pabellón de un país tercero, como Indonesia o Nigeria, y operan a través de empresas pantalla de paraísos fiscales, como Panamá o Belice. Sin embargo, es vox populi que hay ciudadanos españoles tras ellos. Es tan grave, que hasta Interpol se ha involucrado para cerrar los puertos de todo el mundo a estos piratas.

¿Quiénes son los países con más pesca pirata?

Los españoles, por importancia o por persistencia en el tiempo -se han identificado los mismos armadores desde los años 90-, son los que más fama tenemos en la UE. Pero hay otros países con propiedades de buques o intermediando. En Europa, entran productos ilegales por todos los mercados y uno de los grandes actores es China, de quien no se tienen datos.

¿No se les aplica la ley?

El Reglamento contra la pesca ilegal de la UE no se aplica igual en todos los países. España ha reforzado mucho su control de fronteras, pero los productos rechazados pueden acabar en otros países, como Alemania u Holanda, donde la aplicación de la normativa no es tan eficiente. La UE ha desarrollado un sistema de tarjetas amarillas y rojas para países terceros que no colaboran. La tarjeta roja, que prohíbe las exportaciones a la UE, ya se les ha sacado a Belice o Guinea.

¿España ha mejorado el control de este fraude?

España lidera la aplicación de esta normativa. Era una obligación moral por esa mala imagen internacional arrastrada desde hace tiempo y por el perjuicio a la industria pesquera española.

¿Cómo nos afecta este problema?

Afecta a la conservación de las especies, a los estados y al sector por las pérdidas económicas, a los derechos laborales y humanos, y a la salud.

¿Qué podemos hacer como consumidores?

El principal garante de que nos llegue un pescado legal y sostenible son las administraciones públicas, pero el ciudadano puede concienciarse más. Con el pescado, es como si nos diera igual que nos vendan pollo, ternera o cerdo, porque todo es carne. Los recursos pesqueros y el medio marino pertenecen a los ciudadanos y es su legado para generaciones futuras.

¿Qué deberían hacer las instituciones?

Hay una reciente normativa, de diciembre de 2014, que obliga a los puestos de venta a informar al consumidor sobre la especie, el nombre común, el origen y el arte de pesca. Pero no se está cumpliendo.


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