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Julio Moreno, presidente de la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid: "El sector del taxi en toda España está a la vanguardia en tecnología de apps"

 

Julio Moreno es presidente de la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid y está inmerso en la polémica con la app de transporte de viajeros Uber, cuyos conductores no profesionales cobran a los usuarios de esta plataforma por viajar en coche. Aboga por conseguir que las reglas del juego sean iguales para todos y lucha por el cumplimiento de la legalidad. Señala que un pasajero tiene más garantías cuando se sube a un taxi que al hacerlo en un coche del que desconoce casi todo. Incluso asevera que los precios de Uber, al final, resultan menos competitivos que los del taxi.

Uber se presenta como una aplicación útil para el consumidor dentro del sistema de economía colaborativa. ¿Por qué protestan ustedes?

No lo hacemos por las apps ni por las nuevas tecnologías. El sector del taxi en toda España está a la vanguardia en tecnología de apps que ponemos a disposición de nuestros usuarios. Protestamos porque las reglas del juego deben ser iguales para todos. Existe una Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) que establece los requisitos para prestar servicio público en automóviles de turismo. En ningún caso, se puede proporcionar esta prestación con vehículos y conductores particulares que no reúnan ciertos requisitos: tener una licencia o una autorización, un carné de conducir de la clase BTP y seguros que cubran a los usuarios del servicio del taxi.

Y eso cuesta dinero.

El taxi brinda al usuario la profesionalidad del conductor, el pago de los impuestos y las cotizaciones sociales, la correspondiente póliza del seguro que garantiza daños a terceros y a pasajeros en un ejercicio profesional (los seguros comunes de los conductores privados no los cubren), además de la identificación externa del vehículo. Se cumple con el derecho de poder consultar las tarifas en un lugar visible, se garantiza que el taxista lleva una identificación visible y que es una persona sin problemas con la justicia. Además, el conductor de taxi tiene un permiso especial de conducción de la clase BTP, superó un examen de conocimientos de la ciudad y es capaz de localizar cualquier dirección con una guía o un navegador.

¿Creen que Uber es seguro para el usuario?

No, por varios motivos. No están sometidos a las restricciones de la legislación laboral, pudiendo trabajar un número de horas indeterminadas con el consiguiente riesgo para los usuarios. El estado de los vehículos no está controlado por ninguna Administración. Los pasajeros no están cubiertos por el seguro. Los conductores no tienen ningún tipo de formación especial. Las tarifas que aplicarán serán las que quiera UBER. Los pasajeros no sabemos si quien conduce tiene antecedentes penales o no. Si pasa algo, el pasajero se podrá quejar y reclamar a una app con fuero en Amsterdam o simplemente valorar el servicio y salir en una estadística que gestiona la misma empresa. Por no hablar de los ejemplos de inseguridad ocurridos en otras ciudades y que han aparecido en los medios de comunicación.

Pero es un sistema exitoso.

El éxito de este sistema radica en que pretenden saltarse todas las leyes en materia laboral, tributaria y de transportes y seguridad vial. Cuando las reglas del juego no son para todos iguales y alguien se salta todas estas normas, su actividad siempre será más atractiva y más productiva, ya que se pueden permitir ofertar precios que pudieran ser más competitivos que los del taxi y que, curiosamente, además de todo esto, encima vienen a ser más caros.

Ustedes acusan a Uber de favorecer la economía sumergida, de fraude e ilegalidad. Si se atuvieran a la LOTT y no fueran competencia desleal, ¿los aceptarían?

Por supuesto. Aceptaríamos a cualquier ciudadano que quisiera hacer transporte de viajeros en automóviles de turismo, cumpliese con lo que establece la LOTT y pagase sus impuestos y tasas correspondientes.

Hay voces que les han acusado de ir en contra de las nuevas tecnologías, de no aceptar un nuevo modo de hacer las cosas.

Hubo manifestaciones de este tipo por parte del Ministro de Economía, Luis De Guindos. Desde el sector del taxi, le aconsejaríamos que se bajara del coche oficial de vez en cuando y utilizara el servicio público del taxi. Así vería cómo los taxistas de toda España estamos en la vanguardia de esas nuevas tecnologías. Lo que no sabemos es si el ministro de Economía quiere que más de 70.000 taxistas en todo el país dejemos de pagar los impuestos y tasas correspondientes y actuemos tal y como pretenden estas multinacionales.

¿Qué solución daría usted a este conflicto?

La solución ya está dada. Hay una Ley de Ordenación de Transportes Terrestres que establece las normas y los requisitos a seguir. Todo aquel que la incumpla debe ser sancionado debidamente. Esa es una labor que corresponde y compete a las administraciones públicas, ellas son quienes tienen que impedir estas prácticas ilegales. Si ellos legislan y establecen unas leyes, también tienen que hacer que las cumplan y las respeten todos los ciudadanos.


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