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Ciudades y exclusión social: analizados los recursos sociales dirigidos a personas sin hogar ni medios económicos de 18 ciudades españolas: Los ayuntamientos aumentan el gasto social para los más pobres, pero continúan faltando recursos

-Los servicios asistenciales de alojamiento e higiene priman sobre las ayudas sociales de tipo laboral o sanitario
-La gran diversidad y heterogeneidad de los servicios sociales ofrecidos por los ayuntamientos marca la comparación entre las 18 ciudades seleccionadas por CONSUMER EROSKI

  La pobreza llama con insistencia a un número cada vez mayor de hogares en nuestro país. El aumento del desempleo, la precariedad laboral y el endeudamiento asociado a las hipotecas han disparado la petición de ayudas, un 40% más en el primer semestre de 2008 según Cáritas. La exclusión social es un drama que se expande a medida que se marchita la economía: un millón y medio de familias viven en España en infraviviendas y hay más de 30.000 personas sin hogar. Sus efectos han impulsado a las Administraciones públicas a potenciar los recursos para mitigar los daños. Es el caso de los ayuntamientos, cuyas partidas para los menos favorecidos han registrado un generalizado incremento en los cinco últimos años (en ciudades como Málaga se han triplicado, mientras que en otras como Pamplona, Madrid y Zaragoza se han duplicado), aunque el presupuesto continúa siendo insuficiente. El gasto en protección social en nuestro país (un 20,9% del PIB) se encuentra seis puntos por debajo de la media europea pese a contar con una mayor proporción de personas con escasos recursos (un 20% frente al 16% europeo). Al margen de cifras estadísticas, aún queda mucho por hacer, tal y como constata el informe de CONSUMER EROSKI que analiza las iniciativas municipales contra la exclusión social en 18 capitales de nuestro país.

La normativa (ley 7/85) establece que cada municipio debe ejercer las competencias que les sean atribuidas en materia de prestación de servicios sociales y de promoción, y favorecer la reinserción social de los ciudadanos que menos recursos tienen. Además, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes están obligados a conceder estas prestaciones sociales.

  CONSUMER EROSKI ha fijado su enfoque en los servicios facilitados por los ayuntamientos a personas excluidas (personas sin hogar, transeúntes...), al igual que en un informe publicado a finales de 2005. A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza han sido las ciudades incluidas en el estudio. Se ha remitido un cuestionario a los ayuntamientos y se han utilizado los datos aportados en las memorias de ejecución de las áreas sociales municipales. Sevilla y Córdoba han sido los únicos Ayuntamientos que no han respondido a los sucesivos requerimientos por parte de la revista.

La diversidad y heterogeneidad de los servicios sociales municipales marcan, y dificultan, la comparación. Aun con esta salvedad, los presupuestos dedicados a Asuntos Sociales deparan diferencias sustanciales (conviene recordar que la atención a las personas sin hogar supone sólo una pequeña parte de un presupuesto que financia medidas destinadas a personas mayores, infancia y juventud, familias, mujeres, educación social, cooperación al desarrollo...). En Bilbao y Pamplona, los Departamentos de Acción Social y Bienestar Social gestionaron más de 40 millones de euros (45 millones en la capital vizcaína y 43 en la capital navarra), muy por encima de los cerca de 31 millones de euros del consistorio valenciano, capital con una población que duplica los habitantes de Bilbao y cuadruplica los de Pamplona. Llamativo también es el caso de Málaga, que triplica los habitantes de San Sebastián y tuvo una dotación presupuestaria durante 2009 de 27,6 millones de euros para el Área de Bienestar Social (casi cinco millones menos que lo que destinó el Ayuntamiento donostiarra). El mayor presupuesto corresponde a Madrid, que dispuso de 54 millones de euros sólo en los capítulos de atención a personas sin hogar, servicios sociales, emergencia social e inmigración. Le sigue el consistorio vitoriano, con 53,2 millones de euros de presupuesto inicial. Los más ajustados corresponden a los consistorios de Oviedo (8,2 millones de euros), Alicante (casi 11 millones de euros sin contar gastos de personal), A Coruña (más de 12 millones de euros excluidos los gastos de personal), Granada y Córdoba (más de 14 millones cada uno).

Si se fija como referente el presupuesto de 2004, todos los ayuntamientos han aumentado de forma considerable la dotación en prestaciones sociales. Los crecimientos más llamativos se observan en Málaga (triplica el presupuesto de 2004), y en Zaragoza, Madrid y Pamplona, más del doble. El resto de ciudades experimentaron un aumento del presupuesto entre un 32% y un 79%, muy por encima en todo caso de la subida del IPC en este periodo, un 9,4%.

El número de camas para los sin techo es otro de los indicadores de estas prestaciones municipales. La regla general apunta que a mayor tamaño de la ciudad, mayor es la dotación. Y así lo constatan las 1.246 camas en Madrid, las 948 repartidas por Barcelona o el medio millar contabilizadas en la capital valenciana y en Murcia. En el extremo contrario: las 40 plazas del centro de acogida municipal de San Sebastián, las 54 del centro integral de atención a personas sin hogar de Pamplona (se pone en marcha este mismo año) o las 58 del centro municipal vallisoletano. En el resto de ciudades estudiadas, las plazas están entre las 100 y las 200 camas.

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