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Un servidor de Internet anuncia 14 días gratis, y a su término envía una factura de 96 euros

Me di de alta en una empresa de Internet atraída por una promoción que anunciaba 14 días gratuitos. La sorpresa fue que pasados estos días me llegó una factura de 96 euros en concepto de suscripción anual por sus servicios. La empresa nunca me informó del momento en que finalizaba el periodo de prueba y comenzaba como cliente. Yo no deseo contratar el servicio, pero la empresa me asegura que si no pago emprenderán acciones legales contra mí. ¿Qué puedo hacer?

 En la contratación electrónica, el cliente dispone de un plazo legal de siete días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual, para resolver el contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno. Trascurrido este tiempo, el contrato exige el pago del precio por el servicio. Una vez que la empresa le envía al cliente el formulario de registro, lo que éste hace es emitir una oferta para el cierre de contrato, de manera que la empresa le comunica la confirmación al cliente por correo electrónico. Así es como aceptó un contrato por un año más catorce días de prueba. La empresa le permitía resolver el contrato gratuitamente durante los primeros ocho días mediante el pago de un importe a determinar entre los días 8 y 14, en caso de que se pudieran devolver las prestaciones recibidas.

La confusión puede originarse por la falta de claridad y ambigüedad de la redacción del contrato. Por eso lo más recomendable es que trate de anular el contrato, ponga una reclamación en los Servicios de Consumo de su municipio o provincia y comunique a la empresa que considera vulnerado el derecho del consumidor a una información correcta, clara, veraz y completa y a la normativa a la que ella misma dice someterse (Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, el Real Decreto 1906/1999 mediante el cual se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) solicitando la nulidad del contrato sin obligación de pago.


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