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Nueva ley de Consumidores y Usuarios: Consumidores más protegidos

Los cambios en la norma incorporan mejoras ante cláusulas abusivas, publicidad engañosa, información fraudulenta sobre la alimentación, facturación injustificada y obstáculos que imposibilitan darse de baja

  El crecimiento cualitativo y cuantitativo del consumo en nuestro país, es decir, qué, cuánto y cómo se compra, es un hecho, como lo es la necesidad de una adecuación normativa a una realidad social y económica con cambios constantes.

En los aparcamientos rotatorios, el precio de factura se pagará por minutos, posibilidad de redondear al alza

La norma vigente, la Ley General de Protección de los Consumidores, aprobada en 1984, hace 22 años, se había quedado desfasada para cubrir las quejas y la infinidad de nuevas prácticas abusivas, condenadas ya por los tribunales. Por esta razón, asociaciones de consumidores y ciudadanos celebran este nuevo año con la entrada en vigor de una norma, la Ley 44/2006 de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que se ajusta a los problemas actuales y que pretende ser más efectiva en la defensa de los derechos de los consumidores. La protección de los intereses económicos de los ciudadanos se percibirá especialmente en el sector de la telefonía, viajes, vivienda y aparcamientos. Entre las principales novedades de esta regulación está la prohibición de redondear los precios por el cobro de servicios no prestados, el traslado al consumidor de cargas o gastos propios de la empresa, el incremento del precio por accesorios o impuestos no indicados en el presupuesto o en la publicidad o la imposición de innumerables obstáculos para darse de baja en una operadora telefónica.

Otra de las nuevas aportaciones de la reforma es que permite a la Administración Pública disponer de más medios para proteger al consumidor. Por ejemplo, su capacidad sancionadora no se limitará ya a imponer multas a las empresas infractoras, sino que dentro del procedimiento sancionador podrán establecer el pago de una indemnización para el consumidor.

Las mejoras de la ley, a fondo

Darse de baja de un contrato

  En una práctica más que discutible, muchas empresas blindan sus contratos con plazos de duración excesivamente largos y atan a los consumidores, con lo que les impiden de facto decantarse por mejores ofertas que surjan en el mercado. De forma que cuando el consumidor se niega a esperar y da por terminado el contrato antes del vencimiento dejando de pagar, incumple el contrato con la consiguiente penalización. La nueva ley prohíbe los plazos excesivamente largos. Pero, ¿cuándo un plazo es excesivamente largo?

Un caso muy habitual se produce en los contratos de mantenimiento de ascensores, que exigen a la mayoría de las comunidades de propietarios una vinculación mínima de cinco o más años. Estas empresas deberán adecuar los plazos de sus contratos para cumplir la ley y permitir a las comunidades contratar sus servicios por un plazo razonable, por ejemplo, un año.

Los contratos que se desarrollan a lo largo del tiempo, como los de suministro de telefonía o electricidad, deberán adaptarse en dos meses a contar desde el 31 de diciembre de 2006, y cumplir las siguientes premisas:

  • Información clara: el procedimiento para darse de baja debe indicarse claramente en el contrato. Además, esta información debe proporcionarse antes de que se firme, de manera gratuita y sin remitir al usuario a servicios de información onerosos, como puede ser un número de tarificación adicional.
  • Plazo de duración: hay que exigir que no sea excesivamente largo. No obstante, en telefonía la normativa ya había establecido el derecho del abonado a darse de baja en cualquier momento.
  • Darse de baja: Habrá que seguir el procedimiento que señale el contrato, pero éste tiene que ser tan sencillo como lo fue en su día su contratación.
  • Indemnizaciones por darse de baja antes del plazo pactado: pueden continuar, pero sin que sean abusivas. La Ley dice que las sanciones, cargas, o indemnizaciones que se impongan por esta cuestión no deben ser desproporcionadas y deben, por tanto, corresponderse con los daños efectivamente causados. Por tanto, las empresas no podrán ejecutar por su cuenta las cláusulas penales del contrato reteniendo cantidades pagadas por adelantado, que se deberán reintegrar al usuario. Tampoco podrán exigir el pago de cantidades por servicios no prestados (que es una manera de demandar el cumplimiento del contrato pagando, total o parcialmente) ni fijar indemnizaciones injustificadas o abusivas.

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