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María Teresa Bazo, catedrática de Sociología: "La jubilación debería volver a ser un derecho y no una obligación"

 María Teresa Bazo, catedrática de sociología en la Universidad del País Vasco, es autora de investigaciones y publicaciones que le han colocado a la vanguardia del conocimiento de la sociología de la vejez. Receptora de diversos premios a su carrera, ha firmado el primer estudio sobre el maltrato y abuso a las personas ancianas realizado en nuestro país. Coordinadora del Grupo de Trabajo "Sociología de la Vejez" en la Federación Española de Sociología, representa a España en la International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA), organismo avalado por Organización Mundial de la Salud. Sus últimas investigaciones han incidido en la necesidad de cambiar conceptos en torno a la jubilación y en alertar a la sociedad sobre el trato que se da a los mayores

Mantiene que la jubilación pasó de ser un instrumento del Estado de Bienestar a una herramienta de gestión laboral. ¿En qué sentido?

A partir del capitalismo tardío, la jubilación, que fue concebida como un medio para producir la renovación de la fuerza de trabajo al tiempo que permitía retirarse a los trabajadores con la seguridad de una pensión, se convirtió en una amenaza para quienes alcanzaban cierta edad. Estas personas veían acercarse la posibilidad de entrar al grupo de posibles prejubilados, pero con la incertidumbre de no saber a qué edad les tocaría, con lo que no había manera de prepararse para el momento o de anticiparse a él. La jubilación comenzó a verse como un instrumento útil para reducir el desempleo, aumentar las tasas de rotación y conseguir una fuerza de trabajo más joven, eficiente y menos reivindicativa. Y no se tuvieron en cuenta los intereses del trabajador.

¿Lo dice porque estaba obligado a aceptarla o por las condiciones sociolaborales a las que era conducido?

Por ambas cosas. Los trabajadores se han visto atrapados entre la opción de jubilarse, aceptando una pensión que les proporcione recursos muy limitados para la supervivencia, o la de enfrentarse a un mercado laboral, si no aceptan la prejubilación, en el que las oportunidades de encontrar empleo disminuyen para ellos. Esta dicotomía se agudiza con las presiones de gobiernos y sindicatos para que los trabajadores mayores se retiren y cedan su puesto a los más jóvenes. Todo esto genera una discriminación por edad en el mercado laboral, pues aunque no se reconozca así, los trabajadores de más edad y con más derechos son también los más costosos y las empresas tienden a reducir costes deshaciéndose de ellos. Antes de inventar la jubilación e institucionalizarla las personas se retiraban del mundo laboral cuando lo encontraban oportuno o las circunstancias, casi siempre físicas, les obligaban, dado que, sobre todo en las sociedades preindustriales y en la primera sociedad industrial, los mayores eran percibidos como funcionales. Y aunque no fuesen reconocidas tan útiles como las jóvenes, no se pensaba en retirarlas forzosamente. Hoy en día, si la jubilación es llamada derecho, debería ser voluntaria, o al menos habría de flexibilizarse la edad en la que una persona deja de trabajar. Igual de injusto resulta obligar a alguien a permanecer en un puesto de trabajo a partir de determinada edad, como impedir a alguien capacitado desarrollar una actividad.

Hay voces que anuncian la posibilidad de que falte dinero para que quienes hoy trabajan y pagan las pensiones puedan recibir lo que les corresponda en sus años de retiro. ¿Qué hay de fundamento en este temor?

El sistema de pensiones sigue siendo viable, funciona, y el Estado debe seguir siendo su principal garante. Es un hecho que en ningún momento histórico ha habido tanta riqueza como la que existe actualmente. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Europa. Por lo tanto, resulta cuanto menos paradójico cuestionarnos si los artífices de esa riqueza no van a poder disfrutar de una compensación que ellos mismos están generando. Hubo años en los que debido al bajo índice de natalidad se temió que la pirámide de población quedara seriamente afectada y la población activa fuera inferior en número a la población de pensionistas. Pero todo parece indicar que gracias a la inmigración este riesgo está siendo paliado, y en un futuro inmediato el que la mano de obra no sea excesiva puede llevar incluso a un aumento de salarios y a un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. El meollo de la cuestión, una vez más, es lograr redistribuir esa riqueza de manera que alcance a todos.

Entonces, esas recomendaciones que se suceden sobre la conveniencia de hacerse con un plan de pensiones que garantice un retiro digno, ¿son acertadas?

No están de más, ser prevenido nunca es perjudicial. Además, el sistema de pensiones no es justo ni quiere serlo, y tampoco puede. Trata de alcanzar al mayor número de personas, pero sobre todo no puede olvidar a las menos favorecidas, por lo que quienes más aportan no reciben después en la misma proporción. La pensión máxima puede no ser correlativa a lo que se tributó, pero es solidaria para poder atender a todos. Por eso, nunca sobra procurarse otras fuentes financieras particulares.

¿Qué ingresos debería tener una persona jubilada para vivir dignamente?

Garantizada la vivienda, la alimentación y la salud, dependerá del nivel de vida que cada persona esté acostumbrada a llevar. Lo que tiene que procurar la jubilación es que si se produce un cambio no sea a peor, y permita mantener las condiciones en que la persona vivía cuando trabajaba. En el aspecto psicológico, como ante cualquier cambio del ciclo vital, es necesario un proceso de adaptación. Hay que procurar no caer en una vejez anticipada aunque la jubilación lo haya sido. Es fundamental mantener la actividad mental y física, y percibir que la jubilación implica tomar decisiones y realizar elecciones.

Dejando a un lado los condicionantes económicos, ¿qué respuestas debe encontrar en la sociedad?

En la madurez, las personas sienten que son las mismas que antes, no tienden a autodefinirse como viejas y no lo son, pues hablar con propiedad de vejez es hacerlo de falta de autonomía y no de tener muchos años. Así que al jubilarse las personas continúan en gran medida realizando buena parte de las actividades que realizaban antes, excepto las laborales. Liberarse de estas obligaciones les permite reestructurar su tiempo y dedicarlo al ocio y al voluntariado, a la familia y a los amigos. Por eso, la sociedad debe estar a su altura y tiene que ser capaz de proporcionarles posibilidades para desarrollar actividades atractivas, incluyendo recursos materiales y no-materiales. Esta relación se retroalimentará, pues la idea de sentirse útiles y necesarios a los demás hace que muchas de las personas jubiladas realicen importantes aportaciones, tanto materiales como afectivas, a la familia y a la sociedad, lo que sin duda contribuye al bienestar de todos.

¿Qué ocurre con la mujer que es ama de casa y nunca se jubila?

Aunque siga desarrollando labores domésticas, ya no tiene que cumplir con el protocolo paralelo al de su pareja en horarios, ni compartir las preocupaciones laborales, así que en cierto modo también se jubila. De hecho, a esa edad son muchas las mujeres que comienzan a desarrollar actividades fuera de casa. Una situación que sí me gustaría destacar es el cambio profundo que produce la viudez temprana, un acontecimiento traumático que influye sobremanera en el bienestar y en la salud. Superado el tiempo de duelo, debieran experimentar en esa etapa de sus vidas un sentimiento de autorrealización. Pertenecen a una generación de mujeres que tuvieron muy escasas oportunidades para formarse, aprender y ejercer la libertad personal. Las actividades culturales y formativas les suponen apertura a mundos desconocidos, y les aportan la seguridad para participar en la conversación de las personas más jóvenes y mejor formadas

¿Por qué se centran tanto las actividades en acciones altruistas?

La idea de realizar una actividad en la jubilación suele unirse a la noción de ocio, en el sentido de actividad privada de obligaciones. Pero la falta de obligación no significa carencia del sentido de la responsabilidad y compromiso. Incluso en algunos casos se llega a considerar la actividad que realizan como un servicio público, debido a que ayudan a otras personas, y a la propia sociedad con las actividades que realizan. Esto nos lleva una vez más a reflexionar sobre la importancia de dotar de infraestructuras y atención a la población mayor, más allá de consideraciones sanitarias.

Es usted autora del único estudio que se ha realizado en nuestro país sobre el maltrato, abuso, o negligencia en las personas ancianas. Leerlo produce miedo: en términos generales, en el 68% de las situaciones se observó negligencia en el cuidado físico; en el 46% de los casos en el cuidado afectivo y en el 10% maltrato físico. El maltrato psicológico-emocional se registró en el 32% de las situaciones, el material en el 17% y el sexual en el 1%. ¿Va a suceder como con la violencia sobre la mujer, que cuando comience a denunciarse las cifras serán escandalosas?

Cuesta aceptarlo, pero los datos revelan que el 5% de las personas mayores son objeto de maltratos por parte de sus familiares. Si traducimos ese porcentaje a términos absolutos la cifra es muy alta, y sin embargo, por ahora, ni los agentes políticos ni los sociales han tomado conciencia de estas situaciones de violencia, incluso falta una regulación que proteja los derechos de las personas ancianas vulnerables. Es necesario elaborar instrumentos que permitan a los profesionales sanitarios y sociales detectar posibles casos y contribuir a diseñar políticas sociales que hagan frente a esta situación. Un alto porcentaje de los maltratadores mantiene una relación de dependencia económica con la víctima, a la que expolian pensiones, patrimonio y otros bienes.

Puede suceder que la persona mayor esté mal cuidada por desconocimiento, no por desidia ni desinterés

Por eso se insiste en la necesidad de dotar de herramientas a la sociedad. Las personas mayores, llegado el momento de ser asistidas en su vida diaria, prefieren por lo general permanecer en sus casas, bajo el cuidado de un ser querido. Y aunque no lo quisiéramos esa suele ser la única alterativa, pues existen sólo 2,7 plazas en residencias públicas y privadas por cada cien mayores de 65. Por eso, las instituciones están doblemente obligadas a dotar de recursos a quienes se hacen cargo de los ancianos dependientes. Ofrecer servicios de catering, asistencia domiciliaria, centros comunitarios de ocio, ayudas para cambiar de residencia o adaptar la propia, cursos sobre técnicas sanitarias... Son muchas las necesidades. Están planteadas, ahora falta que se quieran llevar a cabo.


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