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Ciudades y excluidos sociales: Faltan recursos para las personas sin hogar

Hay más ayudas para el alojamiento, manutención e higiene que para la reinserción laboral o social de los más pobres

Quien piense que la pobreza de solemnidad es cosa de otras latitudes, se equivoca. La UE define como familias o personas pobres a las que sobreviven con menos del 60% de la renta media per capita de su país. En España esta situación afecta a casi el 20% de los hogares (8,5 millones de personas). Pero incluso dentro de la pobreza hay clases o "intensidades". Según Cáritas, más medio millón de personas viven sumidas en la 'pobreza extrema': disponen del 15% o menos de la "renta media básica", salario mínimo de subsistencia que las instituciones conceden a quienes no pueden hacer frente a sus necesidades básicas. Aún peor es la situación de cerca de 30.000 personas, según Cáritas, que malviven entre la calle y los centros de asistencia de cada municipio.

Se estima que más de la mitad de las prestaciones básicas de los servicios sociales están financiadas por los Ayuntamientos, que les dedican entre un 6% y un 10% de sus presupuestos anuales. La Ley 7/85 establece la obligación de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de conceder estas prestaciones sociales.

En España estas políticas sociales no están enfocadas hacia la prevención e inserción social, sino a lo asistencial, a través de actuaciones dirigidas a colectivos concretos. Además, la escasez de recursos económicos destinados a paliar las consecuencias de la pobreza impide la continuidad necesaria en gran parte de las actuaciones. Prueba de ello es que en España el gasto en protección social representaba en 2003 el 20% del PIB, uno de los más bajos de Europa (en Suecia, Francia, Alemania y Dinamarca alcanza el 30%). Y esto, a pesar de que en pobreza superamos la media europea.

  Aunque hay colectivos (personas mayores, mujeres, desempleados, familias...) con graves necesidades, esta revista ha puesto su mirada en las prestaciones y servicios facilitados por los Ayuntamientos a las personas socialmente excluidas (pobres, transeúntes y marginados sin hogar, inmigrantes, etc.), una minoría que recibe apenas el 1% del total del gasto en prestaciones sociales. CONSUMER EROSKI ha estudiado las actuaciones e iniciativas de política social en 16 ciudades: A Coruña, Barcelona, Bilbao, Burgos, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

Llama la atención la gran diversidad y heterogeneidad de los servicios sociales ofrecidos por los Ayuntamientos, lo que dificulta la comparación y arroja algunos datos sorprendentes. El tamaño y número de habitantes de una ciudad, por ejemplo, parecen no ser determinantes para explicar las diferencias en las prestaciones entre unas ciudades y otras. En los albergues concertados de Valencia, por ejemplo, hay cerca del doble de camas disponibles en Madrid y Barcelona. En Córdoba hay sólo cinco plazas más que en Burgos, a pesar de que la primera ciudad prácticamente dobla a la segunda en habitantes. Los presupuestos dedicados a Asuntos Sociales también deparan diferencias. En Vitoria, el Departamento de Intervención Social gestionó el año pasado 34 millones de euros, muy lejos de los 9 millones de Bienestar Social de Málaga, una ciudad con el doble de población. Y en Barcelona el presupuesto de la Dirección de Servicios de Bienestar Social ascendía en 2004 a poco más de 21 millones de euros, muy por debajo de los 29 millones del Área de Acción Social del ayuntamiento de Bilbao, con casi cinco veces menos población. No obstante hay que decir que en Barcelona el Plan Municipal para la Inclusión Social en 2005 cuenta con una dotación de casi 56 millones de euros.

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