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Un contrato de vacaciones en aprovechamiento incumplido

Compramos unas vacaciones en aprovechamiento por turno a una empresa. Nos invitaron a un fin de semana en un hotel, nos enseñaron las instalaciones y nos instaron a comprar una semana de invierno; en ese momento nos obligaron a pagar con tarjeta un anticipo y a firmar varios pagarés por el valor total de la venta. No se ha cumplido casi nada de lo que el vendedor nos prometió oralmente. Aseguró que una gran empresa que disponía de 3.500 lugares en el mundo nos iba a cambiar la semana de vacaciones por otra a nuestro gusto avisando con 45 días de tiempo y también que esa misma empresa iba a proporcionarnos otras 11 semanas más a un precio medio de unas 20.000 pesetas. Nada de eso se ha cumplido y ahora vemos que el precio pagado por unas vacaciones en invierno es abusivo si se compara con lo que las agencias de viajes ofrecen.

 La Ley 42/98 reguladora del Aprovechamiento por Turno de Bienes Inmuebles establece el derecho del consumidor a desistir del contrato en el plazo de diez días. El desistimiento se realiza por notificación fehaciente. Si ese plazo ha vencido, dispone de otro más amplio de tres meses para resolver el contrato cuando éste no recoja las menciones que impone la ley. Además, marca la prohibición de pagos anticipados mientras se disponga de los derechos a desistir y resolver.

Caso de que no cumpla con la ley, instar en juicio la resolución del contrato es la vía más práctica, salvo que alcancen algún acuerdo. Por otro lado, del relato de los hechos se desprende que la firma del contrato fue obtenida con engaños sobre las posibilidades de intercambio y precios de futuras adquisiciones. Desafortunadamente, los compromisos incumplidos tuvieron carácter oral, por lo que será difícil probarlo. El afectado debe leer la documentación recibida y comprobar si consta la posibilidad de participar en un sistema de intercambio y, si es así, los costes de este servicio. La opción más factible es acudir a un abogado para valorar el contrato y los medios de prueba de que se disponen. Conviene solicitar un presupuesto. Antes de ir a juicio, se debería intentar negociar un acuerdo con la mediación de una OMIC, Asociación de Consumidores o abogado.


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