Incendios forestales: El poder devastador del fuego

  Incendios forestales y verano se han convertido, lamentablemente, en términos inseparables. Las estadísticas revelan que la mitad de los incendios registrados cada año en nuestro país se producen en julio y agosto. Y España, cuyos recursos forestales ocupan casi la mitad de su superficie y que alberga la mayor biodiversidad de Europa, es uno de los países más afectados por los incendios.

Según Greenpeace, en la década de los 90 se produjeron una media de 18.000 incendios al año. Un informe de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) asegura que en las últimas cuatro décadas los incendios han atacado a 6,4 millones de hectáreas. Cien millones de árboles, cerca del 1% de toda la superficie forestal española, se queman cada año.

Y los datos económicos no son menos alarmantes: 7.500 millones de euros de pérdidas en estas últimas cuatro décadas -unos 5.100 en pérdidas ambientales y el resto en productos primarios-.

Asimismo, sólo en los incendios ocurridos de junio a septiembre de 2004 fallecieron en España 6 personas y otras 27 resultaron heridas. Además, 4.166 personas tuvieron que ser evacuadas y 981 viviendas desalojadas, según el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).

En cuanto a su origen, los datos del Ministerio de Medio Ambiente apuntan al ser humano. El 67% de los incendios, según esta fuente, son intencionados y el 11% se debe a negligencias, mientras que tan sólo un 4% se produce por causas naturales, como los rayos. La mano del ser humano como causante de los incendios queda en evidencia con otro dato, aparentemente contradictorio, apuntado por la organización ecologista WWF/Adena: Galicia, una de las zonas más húmedas de nuestro país, debería ser por este motivo una de las zonas con menos incendios. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: entre 1998 y 2002 se registraron en Galicia unos 11.000 incendios, frente a por ejemplo los 1.000 de Andalucía, que le dobla en superficie forestal y tiene un clima mucho más cálido.

Número creciente

Aunque el área media y total incendiada está disminuyendo gracias a la mejora y ampliación de los medios de extinción, el número de incendios crece cada año. Según Greenpeace, esta tendencia se debe a factores estructurales, como el abandono del campo motivado por el éxodo rural, con un incremento de la biomasa en los ecosistemas que aumenta el riesgo de combustión y la permanencia de la costumbre, en los ámbitos rurales, de quemar rastrojos y pastos.

A pesar de que la naturaleza cuenta con sus propios mecanismos para recuperarse tras la acción del fuego, la intensidad y reiteración de los incendios están afectando a bosques y fauna, que pueden necesitar hasta 120 años para recuperarse, siempre que no hayan quedado irreversiblemente afectados. El fuego reiterado merma la capacidad de la vegetación de recolonizar el terreno, y los animales que no han muerto migran a otras zonas. La erosión, por su parte, genera suelos cada vez menos productivos y más áridos y se incrementa el riesgo de inundaciones y sequías. El nuestro es el país europeo más amenazado por la desertización: 15 millones de hectáreas se hallan en situación de riesgo "alto" o "muy alto".

Competencia autonómica

La defensa contra incendios forestales es competencia de las comunidades autónomas, y el Ministerio de Medio Ambiente tiene encomendada la coordinación de las actividades de lucha contra incendios y el apoyo con medios de extinción.  

Según los expertos consultados por CONSUMER EROSKI, a pesar de que el presupuesto para la prevención de los incendios aumenta cada año, continúa siendo insuficiente. Asimismo, según datos ofrecidos por las diferentes comunidades, los presupuestos varían mucho de unas autonomías a otras. Por ejemplo, Aragón invirtió 18,5 millones de euros en 2004, mientras que la Comunidad Valenciana destinó 73 millones, teniendo ambas una superficie similar. El presupuesto más elevado correspondió a Andalucía, con 101,5 millones de euros.

En cuanto a la normativa, la Ley de Montes, que entró en vigor en noviembre de 2003 para proteger mejor los bosques, supone, en opinión de varias asociaciones conservacionistas, un "coladero" para que cada comunidad autónoma la aplique según su entender y su conveniencia, con lo que en la práctica persistiría la posibilidad de recalificar terrenos quemados, lo que a su vez podría incitar los incendios provocados por los especuladores. Para evitarlo, el Gobierno central anunciaba recientemente un anteproyecto que modifica esta Ley; el objetivo sería que los terrenos forestales asolados por incendios no puedan recalificarse hasta que hayan transcurrido al menos treinta años.

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