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Conservación de las costas españolas: Playas amenazadas

La mano del ser humano deteriora la salud de uno de los motores económicos del país

  Uno de los grandes activos de España es su costa, su turismo de playa. Los casi 8.000 kilómetros de costa acogen a más de 24 millones de habitantes, cerca del 60% de la población, a lo que hay que añadir unos 50 millones de turistas que disfrutan todos los años de los atractivos que ofrece el litoral. El turismo representa el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y se ha consolidado como el primer sector de nuestra economía. Sin embargo, esta situación podría cambiar de forma dramática. Grupos ecologistas, científicos e instituciones han alertado sobre el deterioro progresivo de las costas españolas, aquejadas de problemas graves de erosión, destrucción del hábitat, contaminación del agua y agotamiento de los recursos.

El Ministerio de Medio Ambiente ha llegado a afirmar que, de seguir así, "el turismo de sol y playa tiene sus días contados". Desde la Dirección General de Costas se ha apuntado como causantes de este empeoramiento a tres agentes; uno, el sector de la construcción, que ha llegado a urbanizar incluso playas y dunas; dos, las presas, que con su regulación de los ríos reducen los sedimentos aportados a las costas; y, tres, los puertos, que alteran el equilibrio de la línea costera.

Ningún litoral en buen estado

Greenpeace, en su informe "Destrucción a toda costa 2004", denuncia que el desarrollo urbanístico atribuible al turismo no tiene en cuenta la fragilidad de los ecosistemas porque pone la costa a su servicio. Según esta organización, ni una sola comunidad autónoma puede presumir de ofrecer una costa en buen estado, si bien diferencia a comunidades como Cataluña, País Vasco y Asturias que, en su opinión, comienzan a ser conscientes de los problemas que aquejan al litoral e intentan ponerles remedio. Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia seguirían explotando su costa sin preocuparse por las consecuencias, y Greenpeace sitúa en un punto intermedio a Cantabria y Andalucía donde, aseguran, se realizan tímidos esfuerzos de protección. Uno de los problemas más graves es la erosión, cuya consecuencia más visible es la desaparición de las playas, pero también la destrucción de los hábitats costeros y los sistemas ecológicos relacionados, lo que pone en peligro el futuro de las poblaciones que residen en estos entornos. La erosión altera, asimismo, tanto las barreras naturales contra el mar, como son las dunas, como las artificiales construidas por el ser humano, algo que puede provocar, por ejemplo, graves inundaciones.

La gravedad de la erosión

El problema de la erosión no sólo afecta al litoral español. La Comisión Europea (CE) ha llamado la atención sobre la erosión creciente de las costas europeas a causa de la actividad humana, constatada en un estudio realizado durante tres años en el litoral de los 25 estados miembros de la Unión Europea (UE). Según este informe, el 20% de las costas europeas se ve "gravemente afectado" por este fenómeno, que provoca una regresión de la línea de costa de entre medio metro y dos metros al año, aunque en algunos casos alcanza los quince metros.

 Entre las causas que se barajan en el estudio se encuentra la propia construcción de infraestructuras que detienen o modifican el depósito de sedimentos que llegan al mar a través de ríos y torrentes, o la extracción masiva de arena en algunas zonas para la construcción. Además de este impacto directo causado por la mano del hombre, la erosión costera también se vería afectada por el aumento del nivel del mar y de las tormentas e inundaciones, que el informe relaciona con el calentamiento de la atmósfera. En cuanto a España, se afirma que existe una degradación significativa que afecta al 11,5 % del litoral, con un grado "elevado" de erosión en playas de Andalucía, Cataluña, la comunidad valenciana, las Islas Baleares y Cantabria, mientras que el fenómeno sería "moderado" en Galicia, Asturias, País Vasco y Murcia.

Posibles soluciones

Para frenar este problema, el Ministerio de Medio Ambiente contempla una serie de medidas, como la expropiación de áreas críticas implicadas en procesos erosivos para permitir su libre evolución, la creación de estructuras de defensa de costas, el desmantelamiento de barreras artificiales que impiden el transporte de sedimentos, la regeneración de playas o el mantenimiento de un ancho libre de 100 a 200 metros del frente litoral, de manera especial en aquellos tramos más delicados.

Las instituciones se enfrentan a una situación muy delicada y la búsqueda de soluciones que satisfagan tanto a las propias necesidades humanas como a la conservación del medio ambiente es una tarea complicada. Entre las posibles formas de actuar, el Ministerio apuntaba en un informe al "turismo sostenible", que implicaría la planificación a largo plazo de una industria turística e inmobiliaria que no busque el beneficio inmediato a costa de la explotación desmedida de los recursos naturales.

¿La legislación protege las costas?

La Ley de Costas de 1988 regula en la actualidad el espacio de la costa española, que recibe la consideración de dominio público propiedad del Estado y está sujeta a un régimen jurídico especial, de Derecho Administrativo, que establece una serie de facultades a favor de la Administración para su protección y conservación. Esta norma supuso un cambio radical frente a la anterior legislación, de 1969, por contar con un enfoque más proteccionista para el medio ambiente.

A pesar de esta buena voluntad, los grupos ecologistas han denunciado los incumplimientos sistemáticos de la Ley de Costas, y en fechas más recientes, las modificaciones que el Ministerio de Medio Ambiente presentó a finales de 2002, dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales.

Organizaciones como Greenpeace y WWF/Adena han criticado que se hayan introducido variaciones sustanciales que favorecen los movimientos especulativos y podrían vulnerar en algunos casos los principios exigidos por la UE "al más puro estilo Benidorm años sesenta". Por ejemplo, destacan que el Estado deberá autorizar la ocupación del dominio público siempre que así lo prevea un planteamiento urbanístico, justo lo contrario a lo que decía la Ley de Costas.

Asimismo, se recortan los plazos a 12 meses para que el Estado actúe contra infracciones y ocupaciones ilegales, lo que supone que transcurrido dicho tiempo no habría ya sanciones. También se autorizan construcciones, siempre "que exista un conjunto de edificaciones situadas a distancia inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga la alineación preestablecida por el planteamiento urbanístico".

Las competencias de las comunidades autónomas quedarían reducidas, lo que facilita -en opinión de los grupos ecologistas- la realización de obras.


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