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Un propietario no quiere pagar un ascensor

Tengo un piso, que es un bajo (con altura de un primero), en un edificio sin ascensor. Se está estudiando la posibilidad de instalarlo. Para acceder a mi vivienda tengo 13 escalones y con este ascensor, que pararía en medio de cada piso, tendría 8 escalones. Además, mi vivienda es la única que no posee camarote. No rechazo la instalación, pero sí el pago de la parte que me corresponda de la factura amparándome en el artículo 11 de la Ley de la Propiedad Horizontal. ¿Puedo negarme a pagar dicha factura? La propuesta ha salido de un vecino que alega tener una minusvalía física. ¿Podría negarme a pagar incluso si ese vecino tuviera un informe médico de su minusvalía?

  La instalación de ascensor en edificios ya construidos requiere la adopción del acuerdo favorable de 3/5 de propietarios y cuotas de participación, y obliga al pago a todos los propietarios, incluso a los disidentes. Este es el criterio mayoritario, que no unánime, de los Tribunales.

Cuando la instalación del ascensor suprime barreras arquitectónicas para facilitar la integración de las personas con minusvalías, basta el voto favorable de la mayoría simple de propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación, incluso aunque modifique el título o los estatutos. El acuerdo también vinculará a todos. Además, la obra es exigible y necesaria, por lo que todos deben contribuir. Razones de solidaridad y protección e integración de los minusválidos así lo requieren. El Tribunal Supremo, ya en 1997, se basó en la Constitución cuando se establece la función social de la propiedad y se impone a los poderes públicos el amparo de los minusválidos, toda vez que el Estado español asumió la Declaración de Derechos de las Personas Discapacitadas, aprobada por resolución 3.447 de Naciones Unidas de 9 Dic. 1975. Cuando el propietario no dispone de un reconocimiento oficial de su minusvalía, pero acredita las deficiencias de movilidad, se aplicaría lo mismo.

Si se cumplen todas las formalidades legales, el propietario o la propietaria tiene obligación de contribuir económicamente, pero, si no está conforme, puede impugnar el acuerdo. Una opción podría ser la de negociar con la Junta una reducción de la contribución. Por otro lado, es recomendable acudir a un abogado e informarse de la posibilidad de obtener subvenciones públicas para la instalación.


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