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La inmobiliaria cobra comisiones abusivas

Pusimos una vivienda a la venta mediante una inmobiliaria, pero al final no pudimos venderla. Esta vivienda ya tenía una compradora que había dado una señal de 3.000 euros. Sabemos que debemos compensarle con el doble de la señal que dio, pero la inmobiliaria también quiere recibir una indemnización de 5.000 euros, 3.000 de la comisión de la parte vendedora, nosotros, y 2.000 de la parte compradora. ¿Es eso legal? La vivienda se había puesto a la venta por 63.000 euros, de los cuales nosotros hubiésemos ganado 60.000 y la agencia otros 3.000.

  El contrato que vincula al Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API) con el propietario-vendedor del inmueble se concreta en el encargo, verbal o por hoja de encargo, de la venta del inmueble. Las partes son el API y el vendedor, que paga los honorarios del API, un porcentaje del precio pactado en el contrato de compraventa. De modo que el único obligado al pago de la comisión es el vendedor.

Si finalmente no se consuma la compraventa, a pesar de haber un contrato privado firmado, el API conserva su derecho a cobrar la comisión acordada dado que es ajeno a la formalidad del comprador y vendedor a la hora de cumplir lo pactado en el contrato, salvo que el incumplimiento sea imputable al propio API. En su caso, como la suspensión de la venta se debe a causa ajena al API, éste ultimo conserva su derecho a honorarios. Si se pactaron 3.000 euros de comisión, ésta debería ser la cantidad reclamada al vendedor. Ninguna cantidad más debe reclamarse al vendedor y mucho menos al comprador. La posición del API reclamando dos mil euros más de los acordados es contraria a la buena fe y está carente de justificación.

Sería conveniente acudir al Colegio Profesional de API de la provincia y solicitar información relativa al agente de la inmobiliaria, si está o no colegiado y cuál es la comisión que aconsejan aplicar a sus colegiados. Si esta comisión fuera inferior a 3.000 euros, se puede tratar de llegar a un acuerdo para abonar el importe recomendado por el Colegio. Una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) podría mediar entre las partes. En cuanto al comprador, deben devolver los 3.000 euros recibidos y duplicados si así constara en el contrato (se puede comprobar llevando el contrato a la OMIC o a un abogado). En el momento de efectuar los pagos, es fundamental solicitar recibo firmado con la expresión de no quedar nada que reclamar entre las partes


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