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Indemnizaciones por accidente de tráfico: Paciencia y pruebas por escrito, esenciales

  Entre los muchos protocolos que se inician tras un siniestro con víctimas, sean o no mortales, uno de los más problemáticos es el referente al cobro de la indemnización. Lógicamente no será igual la compensación a una esposa y a unos hijos que pierden a su marido y padre, respectivamente, que la que recibirá alguien que pasa tres días ingresado con heridas leves que curan sin dejar secuelas. Las indemnizaciones se establecen a través de un Baremo incluido en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor que trata de compensar la pérdida temporal o total de la salud o el fallecimiento de una persona. La ley establece que las indemnizaciones deben renovarse anualmente y que en el caso de que no se haga por disposición legislativa, se adaptarán automáticamente al aumento del índice general de precios al consumo (IPC) durante el año anterior. Así pues, en teoría el cobro de las indemnizaciones no debiera resultar problemático.

No obstante, la realidad es bien distinta. Primero, porque los partes de accidente no siempre son amistosos, es decir, no siempre hay acuerdo sobre quién es el culpable del siniestro. Y segundo, porque cuando les corresponde abonar una indemnización, las compañías de seguros tratarán de que ésta sea lo menos onerosa posible, aunque siempre dentro de lo estipulado en el Baremo. No es de extrañar, pues, que muchos casos acaben en los tribunales y que a menudo el cobro de la indemnización se demore durante años. Según la Asociación de Afectados por Accidentes de Tráfico (APAT), una víctima o sus familiares deben esperar una media de dos años para cobrar una indemnización. Si el caso llega hasta el Tribunal Supremo, la espera puede alcanzar los 7-8 años.

¿Qué daños son indemnizables?

Los daños que se pueden indemnizar son el fallecimiento, las lesiones permanentes, invalidantes o no, y las incapacidades temporales. Además de las indemnizaciones correspondientes, se abonarán también los gastos de asistencia medica y hospitalaria y, en su caso, los gastos de entierro y funeral. Y en cualquier momento los tribunales pueden sustituir total o parcialmente la indemnización por una renta vitalicia. En caso de muerte, el Baremo se cuestiona quiénes son los deudos de la víctima, quiénes tienen derecho a ser indemnizados por el dolor de su pérdida y las causas económicas que provoque el suceso. Por eso, se define si la víctima tiene cónyuge, hijos mayores o menores, hermanos o padres a su cargo, etc. De las circunstancias familiares va a surgir ya una indemnización. Pero ésta se corrige, al alza o a la baja, por varios factores. El primero de ellos, y fundamental, los ingresos de la víctima. Esto es, la indemnización varía según fuese la capacidad de la víctima de generar ingresos, que ahora cercena el fallecimiento.

Hay varios factores correctores del baremo de indemnizaciones en caso de muerte

Otros factores correctores son que la víctima sea un cónyuge separado con derecho a pensión, el fallecimiento de los padres en el accidente, que la víctima o el receptor de la indemnización sufriesen previamente algún tipo de discapacidad, la concurrencia de la propia víctima en el accidente (por ejemplo, que cruzase a pie una autopista), que haya hijos de cónyuge separado, que la víctima fuese hijo único o que fuese una embarazada y se perdiese el feto. Incluso la edad o la profesión de una persona pueden ser argumentos para aumentar o disminuir la indemnización. Por ejemplo, no recibe la misma cuantía una viuda de un fallecido de 30 años, que la viuda de un fallecido de 60. La primera recibe mayor dotación económica que la segunda. También en función de la profesión puede haber correcciones al alza o a la baja. Si una persona que trabaja de modelo sufre lesiones en el rostro podrá ver incrementada la indemnización frente a otra persona con una profesión en la que su aspecto físico no sea tan relevante.

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