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Si no se puede acudir a un viaje por fuerza mayor, la agencia no puede reclamar coste alguno por la gestión

Reservé un viaje (vuelo y estancias en varios hoteles) en una agencia, pero luego no pude ir por problemas familiares. No deje paga y señal de la reserva, y no pude llamar para anularla. Ahora la agencia me solicita que abone unos gastos, ya que de lo contrario me enviará a su abogado. ¿Tengo que pagar esos costes aunque no haya realizado el viaje?

Si la causa por la que no pudo ir al viaje fue de fuerza mayor, el consumidor no tiene obligación de abonar gasto alguno. Se entiende por fuerza mayor el suceso que no puede preverse o que, previsto, sea inevitable, como la enfermedad propia o de un familiar. Si se acredita esto ante la agencia de viajes, el cliente está eximido de la obligación de abonar los gastos y la indemnización a los que se refiere la Ley de Viajes Combinados. Pero, según esta ley, si el consumidor desiste de un viaje contratado o reservado, y no puede acreditar causa de fuerza mayor, debe indemnizar a la agencia con los gastos de gestión y de anulación, si los hubiera. La penalización ascenderá al 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce de 10 a 15 días antes de la salida, del 15% entre si la anulación es entre 3 y 10 días antes y del 25% si es dentro de las 48 horas anteriores a la partida. De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.

En este caso concreto, el consumidor deberá valorar los problemas familiares que le obligaron a anular el viaje y la posibilidad de catalogarlos como de fuerza mayor. Por otro lado, llama la atención que la agencia no solicite una cantidad en concepto de reserva del viaje y que, acercándose la fecha de salida, no contacte con el cliente para requerir el pago y confirmación del viaje. Conviene consultar, con mayor detalle y aportando copia de la documentación relativa al viaje, en la Oficina de Información al Consumidor correspondiente, en una Asociación de Consumidores o con un abogado sobre las circunstancias familiares que impidieron el viaje, la prueba de ellas, su calificación como fuerza mayor, las circunstancias contractuales y la documentación existente al respecto del contrato y reserva.


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