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Entró en vigor una nueva legislación: Antenas de telefonía móvil, ¿perjudican o no la salud?

De la lectura del Real Decreto se concluye que, ante la ausencia de certezas científicas, prevalece el principio de prudencia

  Alrededor de 22.000 antenas de recepción y emisión se telefonía móvil adornan el paisaje español, pero no son suficientes. En su empeño por instalar más antenas para que la cobertura de los móviles llegue a cualquier rincón y así aumentar el uso de esta tecnología, las operadoras Telefónica, Airtel-Vodafone y Amena han de hacer frente a la creciente oposición de una opinión pública preocupada por los posibles efectos perniciosos de las radiaciones electromagnéticas que producen estas antenas (y, en menor medida, los propios teléfonos móviles) en la salud de las personas y, también, se ven obligadas a respetar una novísima norma legal, el Real Decreto del pasado 28 de septiembre, que nace con la intención de regular y controlar los niveles de exposición a las emisiones radioeléctricas de los sistemas de telefonía móvil. Alguna de las acusaciones que se vierten sobre las radiaciones emitidas por estas antenas es que, a pesar de que no son ionizantes (no alcanzan la temperatura necesaria para alterar moléculas de células vivas), generan un calor que podría perjudicar nuestra salud. Se les achaca también que pueden alterar nuestros ritmos biológicos (como el del sueño-vigilia) y que el organismo humano puede dejar de producir melatonina (hormona y anticancerígeno a la vez), debido a que, como se genera de noche, estas radiaciones pueden inhibir su formación.

Los operadores de telefonía móvil deben certificar la adecuación a la norma de las antenas ya instaladas

La nueva norma legal limita los niveles de exposición del público a estas radiaciones y exige a los operadores que certifiquen su adecuación a la norma, es decir, los grados de exposición en las áreas inmediatas a las estaciones base de nueva planta. Para las estaciones ya en servicio se establece un plazo de adaptación de nueve meses. Si no se presentase la certificación correspondiente en ese plazo, la instalación queda desautorizada para su funcionamiento.

De este modo, el Gobierno pretende dar respuesta a la preocupación sobre los posibles efectos de las radiaciones no ionizantes de las emisoras de telefonía móvil sobre la salud humana y establecer las medidas de seguridad a adoptar al respecto. Para ello, se acoge a los criterios de la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, posicionándose en la misma línea que la mayoría de estados europeos.

Antenas para móviles: no en mi tejado

Son muchos los ciudadanos que, preocupados por la supuesta peligrosidad de las emisiones de las antenas de telefonía móvil para la salud de las personas, exigen que no se instalen este tipo de antenas en su entorno. Estamos, una vez, más ante el dilema salud y respeto al medio ambiente frente a progreso tecnológico y comodidades. Recordemos que en España funcionan a fecha de hoy nada menos que 24 millones de teléfonos móviles. Y que según CAVE (Confederación de Asociaciones de Vecinos y Usuarios) el 95% de las antenas de telefonía móvil instaladas en nuestro país están mal ubicadas y el 15% de las 6.000 antenas de Madrid se sitúa sobre centros sanitarios, colegios privados y geriátricos. La labor de los legisladores que han redactado esta ley y de los jueces que han dictado sentencias sobre este polémico tema (preferentemente dando razón a los vecinos que se niegan a la instalación) dista de ser sencilla: las investigaciones científicas que se han realizado en diversos países no han podido concluir si estas emisiones son inocuas o perjudiciales para la salud. De la lectura detenida de este Real Decreto y de las numerosas sentencias consultadas por CONSUMER (pueden verse en revista.consumer.es), se percibe que, ante la ausencia de certezas científicas, el principio de prudencia es el que prevalece. Conviene, por otra parte, que los operadores compartan estas antenas y reduzcan así el número de instalaciones. Pero este planteamiento que parece cargado de sentido común no ha prendido en España, donde las antenas no se comparten porque las diversas empresas no llegaron a un acuerdo al respecto. E, inevitablemente, la lucha por el mercado conduce a que donde se encuentra instalado uno de los proveedores, surjan los otros dos, triplicándose así el número de mástiles o torres de soporte de las antenas de trasmisión.

Quién dice si pueden o no instalarse las antenas

La instalación de emisoras de telefonía móvil en las viviendas (técnicamente, "infraestructuras comunes de edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal"), la ingerencia en domicilios particulares de emisiones electromagnéticas de los sistemas de telefonía móvil y sus efectos sobre la salud, también han sido abordados (si bien escasamente, dado lo reciente de la problemática) por nuestros Tribunales de justicia. El régimen de adopción de los acuerdos en Junta de propietarios de las comunidades de vecinos de cara a la instalación de estaciones base y antenas en las cubiertas de los edificios, y la carencia de pruebas sobre la inocuidad de las inmisiones electromagnéticas han sido los puntos centrales analizados por los tribunales para declarar la nulidad de los acuerdos mayoritarios de comunidades de propietarios autorizando la instalación en sus elementos comunes de estaciones base de telefonía móvil. Ahora bien, los jueces no afirman tajante y unánimemente que ante la ausencia de pruebas sobre la inocuidad, por precaución y para proteger la salud, no sea lícito instalar estaciones bases de telefonía móvil y antenas en cubiertas o tejados de los edificios de nuestras ciudades, sino que recurren al régimen legal y jurisprudencial de las servidumbres y de la adopción de acuerdos en las comunidades de vecinos. En este sentido, la jurisprudencia viene apuntando que ningún vecino está obligado a soportar en su vivienda (elemento privativo) intromisiones provenientes de elementos comunes (o privativos de otro copropietario), tanto de ondas electromagnéticas como de filtraciones de agua, ruidos o malos olores. Y, por otro lado, las sentencias indican mayoritariamente que para acordar válidamente la instalación de estos sistemas de telefonía en un elemento común de un edificio es necesario el voto unánime y favorable de todos los copropietarios.

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