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El comprador de la vivienda no tiene que pagar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, salvo que resida en el extranjero

He adquirido una vivienda de protección oficial de nueva construcción en régimen de propiedad horizontal. Recientemente he recibido una notificación de mi ayuntamiento requiriéndome el pago de 12.729 pesetas en concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. La escritura de compra, señala, en uno de sus apartados, lo siguiente: "Todos los gastos que se ocasionen por la presente escritura y contrato, con exclusión del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, serán de cuenta y cargo de la parte compradora." ¿Tengo la obligación de pagar este impuesto?

  Generalmente, el comprador no tiene obligación de pagar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Según el articulo 107 de la Ley de Haciendas Locales, el sujeto pasivo del impuesto es el vendedor. Lo anómalo de este caso lleva a entender que podría concurrir una excepción legal por la que el ayuntamiento esté amparado para reclamar al comprador la cuota del impuesto.

Esta excepción, reflejada en la Ley 50/1998 del 30 diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, considera sujeto del impuesto a la persona física que adquiera un terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real, pero sólo cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. Si ese fuera el caso, el comprador se vería en la obligación de abonar la plusvalía en sustitución del vendedor, con la posibilidad de, posteriormente, reclamarle el pago al vendedor. Pero si no fuera así, el comprador no estaría obligado a abonar este impuesto.

En cuanto a los pasos a dar para aclarar esta situación, conviene acudir al área correspondiente del ayuntamiento para saber si la reclamación del pago de la plusvalía la realizan sobre la base de esta excepción, en cuyo caso habrá de abonar la cuota. También hay que comprobar si, al tratarse de una vivienda de protección oficial, las Ordenanzas Municipales habían establecido o no una exención del impuesto. Si tras recabar esta información, los afectados entienden que no están obligados a pagar, podrán plantear verbalmente la anomalía del caso ante el responsable del área y, si fuera preciso, presentar un escrito o recurso ante el ayuntamiento solicitando la anulación del requerimiento de pago con base en el articulo 107 b) de la Ley de Haciendas Locales.


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