Las industrias causaban daños al medio ambiente y empeoraban la calidad de vida

Unos vecinos de la provincia de Palencia adquirieron una granja para utilizarla como vivienda habitual. Junto a ella, había dos empresas dedicadas al transporte, trituración y lavado de semillas, lo que incidió en el bajo precio de la compraventa de la granja. Posteriormente, se ubicaron allí otras empresas que agravaron la contaminación acústica, de polvo y humo. Ante las quejas de los vecinos, la Administración solicitó a las industrias que tomasen las medidas oportunas, pero esos requerimientos fueron desoídos. Finalmente, los vecinos demandaron a las empresas en defensa de su derecho a unas condiciones de vida y a un medio ambiente aceptables.

En primera instancia, el juzgado condenó a las demandadas a una indemnización de medio millón de pesetas. En la apelación, la Audiencia Provincial de Palencia subió la indemnización a un millón, atendiendo al momento y precio por el que los demandantes compraron la vivienda. Finalmente, el Tribunal Supremo la fija definitivamente en siete millones de pesetas, en sentencia del 2 de febrero de 2001, por considerar errónea la proporcionalidad entre la indemnización y los daños causados.

En el fallo, el Supremo hace hincapié en que al lado de los derechos públicos y económicos se encuentran también los vinculados a la calidad de vida, que encuentran su expresión en el derecho a la calidad ambiental.

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