Indemnizado por el Estado tras ser encarcelado por error

Un ciudadano fue detenido en posesión de unas bolsas, cuyo contenido estaba compuesto por una sustancia blanquecina que las Fuerzas de Seguridad calificaron de cocaína. Puesto a disposición judicial, ingresó en prisión en marzo de 1988, y transcurridos más de seis meses, el Ministerio de Sanidad y Consumo remitió al juzgado el resultado del análisis, que determinaba que la sustancia aprehendida no era psicotrópica ni estupefaciente. Ante esto, el juzgado consideró que no había indicios de criminalidad, decretando la inmediata puesta en libertad del detenido. El ciudadano presentó una demanda solicitando una indemnización de 20 millones de pesetas por estos daños y perjuicios: haber estado privado de libertad 234 días, salarios dejados de percibir, desprestigio social y ruptura con el entorno próximo que conlleva la prisión, pérdida del honor y secuelas consistentes en trastorno paranoico psicodinamizante a causa de la experiencia traumática de ser encarcelado.

El Tribunal Supremo, en sentencia del 30 de junio de 1999, declara la responsabilidad patrimonial del Estado por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, condenando al Estado a indemnizar al ciudadano en cuestión con 2.380.893 pesetas, más intereses legales desde la fecha en que se produjeron los hechos.

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