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Control e información transparente

La contaminación de pollos belgas por dioxinas y la de una bebida de cola en varios países europeos han alertado a la población, lógicamente preocupada por el riesgo que entraña para su salud el consumo de ciertos productos, al igual que antes lo hizo el caso de las "vacas locas" inglesas, la carne de vacuno con clembuterol, o la trágica intoxicación por aceite de colza no apto para el consumo humano.

  Es este un tema muy delicado, tanto por sus consecuencias directas como por la alarma social que genera. Y está siendo tratado por los medios de comunicación con una perspectiva más de sobredimensionamiento del problema y de búsqueda de titulares impactantes que de informar con sensatez o de describir técnicamente el origen del incidente y sus repercusiones. Así, el ciudadano percibe que un acto tan cotidiano como el de ingerir alimentos puede suponer un peligro sanitario, lo que le sume en el desconcierto y en una posterior desconfianza hacia productores y distribuidores de los alimentos que consume. A falta de información fiable (son muchos los intereses económicos en juego) y contrastada técnicamente (la causa de estos problemas es muy difícil de determinar, lo estamos comprobando), muchos consumidores nos hacemos nuestra propia composición de lugar ante el problema, normalmente basada más en impresiones (las imágenes de TV son más impactantes que informativas) y prejuicios personales que en otra cosa.

Nos encontramos ante un grave problema social que, entre todos, hemos de comenzar a resolver. No tenemos recetas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, pero hemos identificado algunos procesos que, convenientemente articulados, pueden reducir la frecuencia y gravedad de estos incidentes. Nadie dicute que los alimentos, especialmente los frescos por ser más vulnerables, deben llegar al consumidor en correctas condiciones higiénico-sanitarias. Ello obliga a que los controles se hagan de manera rigurosa y estandarizada allí donde los alimentos se produzcan. Los consumidores, por nuestra parte, hemos de aceptar que este aseguramiento de calidad conlleva un coste (modesto), que habremos de sufragar en la cesta de la compra. Pero esto no es suficiente.

La salud y seguridad es el derecho fundamental que tenemos reconocidos los consumidores en la UE, y parece obvio que no puede quedar al vaivén de estrategias comerciales de los productores ni de intereses económicos de uno u otro país. Por ello, necesitamos una política de transparencia y rigor técnico en la información sobre estos demasiado frecuentes casos de contaminación alimentaria. Por otro lado, los productos alimentarios que llegan a las tiendas deberían disfrutar de la "trazabilidad", que permite identificar instantáneamente, en el caso de los pollos, de qué granja y país proceden, cómo han sido alimentados, etc.

Pero no se podrán aplicar medidas eficaces mientras no nos dotemos de organismos de control, nacionales y comunitarios, aceptados por todas las partes, y que establezcan las normas de calidad a seguir y velen por su cumplimiento. La tarea está ahí, sólo queda abordarla con la seriedad y urgencia que la gravedad del problema exige.


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