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  Una mujer acudió a un centro hospitalario para ser intervenida de juanetes. La operación se realizó sin problemas pero, pocos días después, se le detectó la enfermedad del tétano y falleció.

Su esposo y heredero demandó a los médicos, al hospital y a la aseguradora. El Tribunal Supremo, tras analizar las pruebas, consideró en sentencia del 9 de diciembre de 1998 que no constaba infracción alguna por parte de los médicos en la aplicación de las medidas profilácticas. Sin embargo, el Tribunal estimó que sí había una responsabilidad en la muerte de la paciente por parte del hospital, ya que se produjo una infección postoperatoria. La Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario se aplica también por los daños originados en el correcto uso de los servicios, aunque éstos garanticen los niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad para llegar en perfecto estado al usuario.

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