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¿Se abaratará, de verdad, la gasolina?

El pasado 15 de octubre fue el primer día en el que el Gobierno central, en aplicación de la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos, dejó de fijar precios máximos para la gasolina.

  Según la Administración, el objetivo de la medida es abrir del todo a la libre competencia los mercados del petróleo. De momento, la cosa no va mal. Cuando se escribieron estas líneas (a finales de octubre), la gasolina costaba entre 1 y 3 pesetas menos que antes de la liberalización de precios y el gasóleo se movía en reducciones de entre una y dos pesetas por litro. Pero la bajada no se debe sólo a la nueva ley.

También han ayudado, seguramente más que la ley, la depreciación del dólar frente a la peseta (hoy no llega a 140 pesetas, cuando hace cuatro meses superaba las 150) y el ligero abaratamiento que ha experimentado el crudo en el mercado internacional. Y, no lo olvidemos, también ha jugado su papel la necesidad de las empresas distribuidoras de combustible de demostrar a la sociedad, y a la Administración, su compromiso de competir en materia de precio. De cualquier modo, el tiempo revelará la veracidad de estas supuestas buenas intenciones.

Desde esta revista, siempre hemos defendido la libre competencia como beneficiosa para el consumidor y para la sociedad y el desarrollo económico en general. Cuando los competidores amenazan la rentabilidad del negocio, las empresas tienden a reducir sus gastos, a investigar para disponer de ventajas cualitativas que les distingan de las demás, y a trabajar sin denuedo por ofrecer la mejor relación calidad-precio en sus productos y servicios.

Lo hacen, simplemente, por una razón: para que el consumidor se decante por su empresa y no por otras que venden, más o menos, lo mismo. Con los carburantes (y con la energía eléctrica, el butano, el gas natural, el servicio postal, la telefonía básica, ...), la liberalización será, si se implementa correctamente, muy positiva para los usuarios. Pero para que sea así, deviene imprescindible que tanto quienes trabajamos por defender los derechos e intereses de los consumidores como la propia Administración vigilemos que la competencia realmente se da y denunciemos los posibles acuerdos de precios entre las empresas competidoras, penados por la ley. Los usuarios tenemos una opción muy clara: si nos decantamos por comprar en las estaciones de servicio más baratas, "obligaremos" al sector a reducir los precios. Así, evitaremos una situación de pseudo-monopolio que es, precisamente, lo que queremos superar y olvidar. En los carburantes, muy pocas petroleras copan el 80% del mercado y controlan la distribución a las propias estaciones de servicio, por lo que la competencia en precios corre especial peligro. Por tanto, habrá que estar ojo a avizor. Nos jugamos mucho.


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